Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró este miércoles que la institución estará preparada para organizar las elecciones de jueces, magistrados y ministros, en cumplimiento con el mandato constitucional derivado de la reforma judicial aprobada por ambas Cámaras del Congreso. La reforma, que aún debe ser ratificada por 17 congresos locales, marca un cambio histórico en la elección de los cargos judiciales en México.
«Deberemos de estar listos, es un mandato constitucional, y el INE no puede decir: ‘No estoy listo’. Debemos buscar cómo estar listos», afirmó Taddei en una entrevista con medios. La consejera dejó en claro que una vez que la reforma sea promulgada, el INE trabajará de inmediato en los preparativos necesarios para implementar el proceso electoral.
Taddei explicó que el INE deberá sesionar de acuerdo con el calendario establecido en la reforma, que estipula tiempos específicos para la convocatoria del Senado y la presentación de propuestas por parte de los tres poderes de gobierno. «El instituto tendrá que iniciar el proceso electoral la siguiente semana después de la aprobación. Hay tiempos definidos para emitir la convocatoria y avanzar», detalló.
Uno de los aspectos clave será la cantidad de casillas que se tendrán que instalar a nivel nacional para que la ciudadanía elija a los mil 600 jueces, magistrados y ministros. Este proceso se llevará a cabo de manera escalonada entre 2025 y las elecciones federales de 2027. Sin embargo, Taddei señaló que este tema será analizado por el Consejo General del INE una vez que la reforma judicial sea promulgada.
En cuanto al presupuesto para organizar estas elecciones, Taddei adelantó que el INE ya está trabajando en la elaboración del presupuesto del próximo año, en el cual se incluirán los recursos necesarios para las elecciones de juzgadores. «Seguramente habremos de incluir eso», comentó.
Cabe recordar que el senador morenista Ricardo Monreal estimó que el costo de organizar estas elecciones podría ser de entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos, cantidad que podría cubrirse con parte de los fideicomisos del Poder Judicial, que suman 23 mil millones de pesos y serán transferidos a la Tesorería de la Federación.
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