El gobierno de la Ciudad de México se ha mantenido en silencio respecto a las agresiones ocurridas durante las manifestaciones contra la reforma judicial del martes por la noche. A pesar de las numerosas preguntas de los medios, el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz Suárez, evitó abordar el tema y se limitó a señalar que daría una respuesta en otro momento, sin ofrecer más detalles ni programar nuevos encuentros con la prensa.
Durante las protestas, los manifestantes, que incluían trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de derecho, fueron repelidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) utilizando escudos, extintores y gas lacrimógeno frente a la Antigua Casona de Xicoténcatl, sede donde se discutía la reforma al Poder Judicial. La acción policial se produjo en un contexto de creciente tensión y rechazo hacia la reforma que busca la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal y la reducción de los ministros en la Suprema Corte.
Hasta el momento, ni el gobierno capitalino ni la SSC han proporcionado detalles específicos sobre el despliegue de efectivos o el número de manifestantes afectados. La SSC solo emitió una tarjeta informativa en la que se indicó que los policías estaban equipados con «cascos, coderas, rodilleras, escudos y extintores para mitigar cualquier conato de incendio», sin mencionar el uso de gas lacrimógeno ni ofrecer detalles sobre la extensión del operativo.
Por su parte, Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, evitó comentar directamente sobre las agresiones o el manejo de la protesta por parte de la policía. En lugar de abordar las inquietudes sobre el uso de la fuerza, Batres se centró en celebrar la aprobación de la reforma judicial, destacando que el país está viviendo tiempos de transformación.
Las manifestaciones contra la reforma judicial han sido intensas y han incluido protestas tanto en la Ciudad de México como en otras entidades. El rechazo a la reforma, impulsado por sectores del Poder Judicial y el ámbito académico, ha generado una serie de movilizaciones en todo el país, que se han visto acompañadas por un creciente malestar respecto a la forma en que se han manejado las protestas.
A medida que la reforma avanza en el proceso legislativo, el silencio del gobierno sobre estos incidentes y el uso de la fuerza policial han suscitado preocupaciones sobre el manejo de las manifestaciones y la respuesta del Estado a las demandas de los ciudadanos.
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