La mortalidad por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en México disminuyó un 10% entre 2018 y 2023, según informó Alethse de la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida). Esta reducción es atribuida a la Estrategia Nacional contra el VIH, que ha mejorado tanto la prevención como el tratamiento de la enfermedad.
En 2023, la Estrategia Nacional permitió ahorros por dos mil 450 millones de pesos y un incremento del 10% en el número de personas que conocieron su diagnóstico y recibieron atención, destacó De la Torre Rosas durante la sesión «Política nacional de VIH y el impacto económico en México», organizada por el Sistema Educativo de Salud para el Bienestar del IMSS-Bienestar (Siesabi).
La estrategia incluye la implementación de los mejores tratamientos desde la infancia hasta la edad adulta, así como un modelo de triple optimización que abarca las dimensiones clínica, poblacional y económica. Este enfoque se basa en la atención primaria a la salud y se complementa con la eliminación de la hepatitis C, una respuesta integral a la pandemia por COVID-19 en personas con VIH y la optimización de tratamientos para menores de edad.
En el país, existen 355 hospitales y unidades especializadas para la atención del VIH, donde el servicio ha mejorado gracias a un modelo que genera redes de atención integral. Además, se han establecido convenios interinstitucionales para eliminar brechas en la atención y ampliar la cobertura de los servicios médicos a las personas que viven con esta infección.
La estrategia también refuerza la promoción de la salud sexual, la seguridad del paciente, la prevención y control de infecciones, la cadena de suministro, la igualdad de género, la salud mental, la reducción de daños y la vacunación. Estas acciones buscan proporcionar una atención integral a todas las personas que viven con VIH.
Finalmente, De la Torre Rosas resaltó la importancia de la prevención combinada, que incluye la profilaxis preexposición (PREP) y la posexposición (PEP), ambas implementadas desde 2019 gracias a la colaboración de líderes comunitarios, la academia y las instituciones de salud. El objetivo de estas medidas es continuar fortaleciendo la estrategia integral que garantice justicia y equidad para las personas afectadas por el VIH.
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