El Congreso de Aguascalientes aprobó una controvertida reforma al Código Penal que reduce de 12 a 6 semanas el plazo legal para la interrupción voluntaria del embarazo. Con 19 votos a favor, seis en contra y una diputada ausente, la reforma fue avalada en medio de manifestaciones y protestas que rodearon el Palacio Legislativo.
La modificación a los artículos 101, 102, 103 y 196 del Código Penal del estado establece penas de tres a seis meses de prisión para quienes interrumpan su embarazo después de las seis semanas de gestación, un cambio que se da a menos de un año de la despenalización del aborto en la entidad.
Durante el debate, la diputada morenista Leslie Figueroa Treviño se pronunció en contra de la reforma, argumentando que la nueva legislación no es incluyente y carece de un lenguaje claro y preciso. Figueroa Treviño criticó que la ley ignora los derechos de las personas gestantes al excluirlas del marco legal y calificó la reforma como una violación a los derechos humanos.
Por su parte, el diputado Juan Carlos Regalado Ugartes también expresó su oposición, señalando que la llamada «Ley de Protección a la Vida» es una medida hipócrita que defiende la vida solo en términos morales, pero que ignora los derechos de personas no binarias, lesbianas y trans. Regalado Ugartes calificó la ley como una «afrenta grave» contra los derechos de las mujeres y una violación de los tratados internacionales que protegen sus derechos.
A pesar de las críticas, la reforma fue aprobada y ya es parte del Código Penal de Aguascalientes. La discusión sobre el aborto en México continúa generando divisiones y debates intensos, reflejando las tensiones entre los derechos reproductivos y las diversas concepciones morales sobre la vida.
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