La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha externado su preocupación ante los recientes ataques verbales por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y varios legisladores mexicanos hacia jueces y magistrados del Poder Judicial. La Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, Margaret Satterthwaite, emitió un comunicado en el que hace un llamado al gobierno federal para reconsiderar su propuesta de reforma judicial y a cesar la intimidación verbal hacia miembros del Poder Judicial.
«Me encuentro especialmente preocupada por el contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas de reforma, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial», señaló Satterthwaite. En su informe, hace referencia a las amenazas que, según reportes, provienen tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo en contra de jueces que han emitido resoluciones incómodas para la administración actual.
El paquete de iniciativas presidenciales que ha causado la alarma fue presentado en febrero de este año ante la Cámara de Diputados. Entre las modificaciones más polémicas se incluye la propuesta de elegir a jueces y magistrados por medio del voto popular, así como la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), organismo encargado de supervisar la carrera judicial y asegurar la independencia del Poder Judicial.
Satterthwaite advirtió que la reforma carece de un mecanismo transparente e independiente para garantizar que los candidatos a jueces cumplan con los requisitos necesarios. «Las modificaciones propuestas carecen de un mecanismo transparente, independiente y accesible», indicó, resaltando que la falta de estos filtros podría comprometer la calidad e integridad de quienes sean elegidos.
La relatora también mostró inquietud sobre la imparcialidad en las decisiones judiciales, señalando que los jueces, al ser elegidos por voto popular, podrían verse tentados a complacer a los votantes o patrocinadores de campañas para asegurar su reelección. Esto, argumentó, pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial y podría llevar a decisiones influenciadas por intereses externos en lugar de estar basadas únicamente en el derecho y la justicia.
Otro aspecto alarmante de la reforma es la reducción del periodo de servicio de los jueces y magistrados. En el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se propone acortar su mandato de 15 a 12 años. De aprobarse la reforma, más de 7 mil jueces en ejercicio y 11 ministros de la SCJN serían destituidos, lo que representaría un cambio drástico en el sistema judicial mexicano.
La ONU ha hecho un llamado al gobierno mexicano para que reconsidere esta reforma, que será discutida en la Cámara de Diputados en los próximos días, y que ha generado gran controversia dentro y fuera del país.
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