Once países críticos de Venezuela han expresado su rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ratificar la victoria del dictador Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales frente a su opositor Edmundo González.
En un comunicado conjunto, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay manifestaron su preocupación por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas ciudadanas en Caracas tras el anuncio de la reelección de Maduro.
Los países firmantes señalaron que la decisión del TSJ «pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral», haciendo eco de las denuncias de la oposición venezolana sobre la falta de transparencia en el proceso electoral.
«Reiteramos que sólo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela», subraya el comunicado.
Los gobiernos críticos recordaron que anteriormente desconocieron la validez de la jornada electoral del pasado 28 de julio, debido a que se impidió el acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial de los votos. Además, señalaron que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se negó a publicar las actas electorales con los resultados oficiales y rechazó aceptar una auditoría imparcial del proceso.
«Continuaremos insistiendo en el respeto a la expresión soberana del pueblo venezolano que se pronunció de manera pacífica y contundente», afirmaron los países firmantes. Desde la votación y las protestas que le siguieron, el gobierno de Maduro ha llevado a cabo lo que la oposición y organizaciones de derechos humanos han calificado como una ofensiva contra sus críticos.
Entre las acciones denunciadas se incluyen la detención de manifestantes y representantes de partidos opositores, así como la apertura de investigaciones contra los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González por presuntamente incitar a los militares a cometer delitos. Además, se aprobó una ley que endurece las normas sobre las ONG y se han registrado renuncias forzadas de empleados estatales que supuestamente apoyan opiniones a favor de la oposición.
Los países firmantes han reiterado su compromiso con la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela, instando a la comunidad internacional a mantener la presión sobre el gobierno de Maduro para garantizar un proceso electoral justo y transparente en el país.
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