En una manifestación contundente de oposición a la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Poder Judicial de la Federación (PJF) en el estado de Guanajuato ha iniciado un paro indefinido. Los trabajadores de los tribunales del circuito guanajuatense se han sumado al movimiento nacional, que denuncia que la reforma en cuestión pone en riesgo la independencia y la integridad del Poder Judicial.
El magistrado Ariel Rojas Cabello, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, subrayó que la reforma podría facilitar la infiltración de grupos de interés y crimen organizado en el Poder Judicial. “Esta reforma va a agravar la infiltración de grupos de interés y pone en riesgo a los jueces y magistrados de estar financiados o presionados por el crimen organizado”, declaró Rojas Cabello, quien agregó que estos riesgos contravienen los principios de independencia judicial y profesionalismo, fundamentales desde la creación del Poder Judicial Federal en 1994.
El paro, que comenzó esta mañana, ha llevado a la cancelación de todas las audiencias programadas, exceptuando aquellas de carácter penal que se consideren urgentes. Los trabajadores del PJF han desplegado lonas y letreros en los municipios de León, Guanajuato capital, Irapuato y Celaya para manifestarse contra la reforma. “Independencia judicial, sí; control presidencial, no”, y “Los foros fueron una simulación, carrera judicial, sí; jueces por voto popular, no”, son algunos de los mensajes visibles en las pancartas.
Rojas Cabello también señaló que el conflicto se llevará a instancias internacionales, buscando respaldo en la defensa de los derechos fundamentales y la supervivencia de la democracia en México. “El asunto ya lo estamos llevando a tribunales internacionales. Este paro busca que los mexicanos se den cuenta de que estamos en un momento crítico para nuestra vida democrática y los derechos que han costado muchos esfuerzos”, indicó.
La acción del PJF en Guanajuato es una de las primeras en una serie de protestas planeadas por el poder judicial en diversas entidades del país. Los trabajadores están decididos a mantener su posición hasta que se logre una revisión o modificación significativa de la reforma propuesta, la cual consideran una amenaza seria a la autonomía judicial.
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