El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó este lunes por unanimidad el juicio madre que contenía las dos últimas controversias que solicitaban la nulidad de la elección presidencial del 2 de junio. Este juicio incluía los recursos de inconformidad 144 y 145, presentados por el PRI y el PAN, y el juicio ciudadano 906, promovido por Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México.
Los magistrados argumentaron que los denunciantes no proporcionaron pruebas suficientes, basando sus acusaciones en «argumentos vagos y deficiencias probatorias», principalmente apoyados en notas periodísticas que, según los magistrados, son consideradas como «pruebas imperfectas». Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera, magistrados del TEPJF, enfatizaron la falta de evidencia sólida que sustentara las acusaciones de injerencia indebida del presidente Andrés Manuel López Obrador y el uso de programas sociales a favor de Claudia Sheinbaum.
La decisión también incluyó la desestimación del juicio promovido por Xóchitl Gálvez, que señalaba irregularidades en el proceso electoral. Los magistrados determinaron que Gálvez no utilizó el canal adecuado para solicitar sanciones contra el presidente.
El TEPJF declaró que no existía una actuación sistemática del presidente de la República en el proceso electoral, señalando que de más de 432 conferencias matutinas, solo en 34 se encontraron expresiones posiblemente irregulares.
Sobre el uso de programas sociales, el tribunal concluyó que no había indicios suficientes para probar un desvío de recursos públicos a favor de la campaña de Sheinbaum ni que el presidente López Obrador haya condicionado estos programas.
Con estas resoluciones, el TEPJF está listo para calificar la elección presidencial en su conjunto y entregar la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum el próximo jueves 15 de agosto, confirmando así la amplia ventaja de más de 30 puntos porcentuales que obtuvo la candidata.
La magistrada Janine Otálora Malassis subrayó la necesidad de respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas, mientras que el magistrado Rodríguez Mondragón expresó su desacuerdo con la metodología empleada, calificando el análisis del caso como acelerado y poco riguroso.
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