Con 37 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que obliga al Estado mexicano a garantizar la atención médica integral gratuita y universal. Este esquema incluirá estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos, como parte del derecho a la protección de la salud.
El dictamen fue aprobado en lo general y lo particular, con la excepción de algunas reservas. La propuesta central establece que la atención médica gratuita no solo cubrirá consultas, sino que se ampliará para incluir todos los estudios necesarios, las intervenciones quirúrgicas requeridas y el suministro de medicamentos, reforzando así el compromiso del Estado con la salud de todos los mexicanos.
El diputado Mario Alberto Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, presentó una reserva para incluir las palabras “necesarios y suficientes” en relación con los medicamentos, buscando evitar que el desabasto se utilice como argumento para no cumplir con la obligación de proveerlos. Sin embargo, la reserva fue rechazada por la mayoría conformada por Morena, PVEM y el Partido del Trabajo.
Con la aprobación de este dictamen, se pretende armonizar la Constitución con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular con el objetivo de lograr una cobertura sanitaria universal. Esto incluye el acceso a servicios de salud esenciales y de calidad, así como a medicamentos y vacunas esenciales, seguros, eficaces y asequibles para toda la población.
Durante la discusión, Éctor Jaime Ramírez, diputado del PAN, criticó la propuesta al señalar que es una repetición de lo que se planteó en 2019 y fue aprobado sin resultados tangibles. Ramírez subrayó las disparidades en el presupuesto asignado por persona entre diferentes instituciones de salud, cuestionando la viabilidad de garantizar servicios de calidad bajo estas condiciones.
El panista recordó que en 2020 el Ejecutivo federal propuso una reforma en materia de salud que también prometía atención gratuita, pero señaló que el año pasado hubo un subejercicio de 60 mil millones de pesos. “Este deseo del presidente para insistir en la atención gratuita en salud tendrá que asociarse a términos de existencia jurídica, como lo establecían las pólizas del Seguro Popular, y ser judicializable en caso de incumplimiento por parte del gobierno”, enfatizó Ramírez.
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