Las autoridades guatemaltecas se han movilizado rápidamente para atender y dar albergue provisional a cerca de 600 mexicanos que huyen de la violencia en sus pueblos en Chiapas, buscando refugio en el país vecino. En las últimas horas, los reclutamientos forzados por los cárteles que se disputan ese territorio han obligado a decenas de familias a cruzar la frontera sur de México. El crimen organizado, que lleva meses enseñoreándose de esos pueblos, ha desplazado a la población, la cual antes buscaba acogida en municipios vecinos, pero ahora se dirige a Guatemala. La crisis aún no ha recibido una reacción significativa por parte de las autoridades mexicanas. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, ha sido el encargado de reportar el éxodo de los mexicanos.
Desde el martes, vecinos de Amatenango de la Frontera y Mazapa de Madero, entre otros, han huido ante el recrudecimiento de la guerra entre cárteles, que ahora les obliga a montar bloqueos en las carreteras y a trabajar para ellos. El cártel de Sinaloa (los Chapitos) y el de Jalisco Nueva Generación están en guerra abierta por una zona que ahora se ha vuelto lucrativa para ellos debido al tráfico de migrantes. Juan Manuel Zardain, responsable de la Comisión de Derechos Humanos en Chiapas, explica que los Chapitos se dedicaban principalmente al narcotráfico, sin que se hubieran detectado extorsiones ni secuestros, pero el cártel Jalisco, afirma, “tiene códigos distintos y trata de reclutar a la fuerza a la gente, además de extorsionarlos con el cobro de piso”.
El tráfico de migrantes está descontrolado en esta zona fronteriza y montañosa. Los cárteles han amenazado a las empresas de autobuses de pasajeros para que no vendan boletos a los extranjeros, de modo que el negocio quede por completo en sus manos, explica Zardain. “Se están apoderando de los negocios ilegales, pero también de los legales, como la venta de huevos”, añade el responsable de Derechos Humanos, señalando la falta de controles aduanales en estos territorios montañosos por los que circulan los autobuses con los migrantes traficados.
La guerra entre ambas bandas criminales ha trasladado a Chiapas una violencia que antes era desconocida en uno de los territorios más tranquilos de México. No es la primera vez que se producen éxodos de población, pero esta última y masiva salida está ocasionando una crisis que podría convertirse en diplomática. Las autoridades de Guatemala se quejan de la inacción del Gobierno y los agentes de seguridad mexicanos, ante el desplazamiento de familias enteras con niños y ancianos que están siendo acogidos al otro lado de la frontera, en un pueblo llamado Cuilco. “Lamentablemente, las autoridades mexicanas no están protegiendo a sus ciudadanos”, ha señalado la gobernadora del departamento de Huehuetenango, Elsa Hernández, quien ha solicitado apoyos materiales, ayuda humanitaria, albergues y medicamentos, aunque ha dicho que la seguridad de los mexicanos está garantizada. La delegación del Gobierno en aquel país también solicitó ropa y alimentos.
Miles de mexicanos que buscan cada año la frontera con Estados Unidos huyen de la violencia, no solo de las malas condiciones económicas, pero este salto al sur era inédito y ha causado sorpresa. Los vecinos han reportado en medios de comunicación locales que fueron amenazados con rifles y que esta violencia les obligó a caminar por la montaña y tomar caminos de terracería para ir bordeando el río Grijalva, que separa la frontera con Guatemala. Otros salieron en vehículos, pero los disparos cruzados les obligaron a escapar con apenas unas cuantas pertenencias. Algunos estuvieron en tránsito durante 10 horas.
A la vez que los chiapanecos huyen de sus casas, una caravana con miles de migrantes centroamericanos está saliendo de Tapachula hacia el norte, buscando avanzar por México hasta Estados Unidos. Chiapas vive momentos de tensión sin precedentes con las tensiones migratorias cruzadas.
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