El presidente Andrés Manuel López Obrador considera que las suspensiones judiciales contra el Tren Maya son parte de «un complot». Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario afirmó que hasta el momento su gobierno no ha sido notificado de una nueva orden para frenar el Tramo 5 del proyecto, el cual debe quedar terminado en septiembre próximo.
Ayer, se dio a conocer que un juez federal concedió nuevas suspensiones para detener las obras del Tramo 5, basándose en un informe de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que reconoce daños ambientales causados por la construcción. López Obrador aseguró que su gobierno ha atendido todos los señalamientos de la autoridad e incluso ha iniciado la remediación de los posibles daños.
«No, no tenemos notificación, incluso ya terminamos. Teníamos un problema de un puente atirantado y ya se resolvió y se están haciendo obras de remediación, no tenemos problema», afirmó el presidente.
Ante la pregunta sobre la finalización del Tramo 5, López Obrador aclaró: «No, el tramo no, la parte donde estaba el amparo. Además, nos permitió el juez atender el tema, se está atendiendo bien, ya se informó, la Procuraduría de Medio Ambiente».
El presidente aprovechó la ocasión para criticar a los opositores a su gobierno, recordando que con la llegada del huracán Beryl se especulaba que se destruirían el aeropuerto de Tulum, el Tren Maya y se afectaría la refinería de Dos Bocas. “Para ser crítico hay que ser, bueno, primero objetivos, honestos, no puede haber deshonestidad intelectual, pero otra cosa importante es hacer la crítica serena, sin odios, no desearle mal a nadie porque sino se cometen errores. Es que aunque se tenga el corazón caliente hay que tener la cabeza fría y hay que equilibrar pasión con razón”.
El Tren Maya es uno de los proyectos insignia de la administración de López Obrador, destinado a impulsar el desarrollo económico y turístico en el sureste de México. No obstante, ha enfrentado múltiples desafíos, incluyendo críticas y acciones legales por su impacto ambiental y social. A pesar de estos obstáculos, el gobierno continúa defendiendo el proyecto, asegurando que se están tomando todas las medidas necesarias para mitigar los daños y cumplir con los plazos establecidos.
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