En sólo cuatro de los 10 municipios con mayor percepción de inseguridad los ciudadanos votaron por la alternancia, de acuerdo con el Reporte final de violencia política elaborado por Integralia Consultores.
Una de las principales preocupaciones de la población, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es la inseguridad. Sin embargo, Integralia detalla en su informe que este factor “no es una condición suficiente para motivar el cambio político a nivel municipal o para propiciar la continuidad cuando hay buena gestión gubernamental en la materia”.
Según el documento, en Fresnillo y Zacatecas, Zacatecas; Chilpancingo, Guerrero; y Uruapan, Michoacán, los ciudadanos apostaron por la alternancia. En Fresnillo, donde el 95.4 por ciento de los ciudadanos se sienten inseguros, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) 2024 del INEGI, los ciudadanos decidieron sacar a Morena del gobierno municipal y darle la oportunidad a la coalición PRI-PAN-PRD. En Zacatecas capital, con una percepción de inseguridad del 89.3 por ciento y donde la elección fue anulada por el Tribunal Electoral de Zacatecas (TEEZ), los habitantes también votaron por la alternancia y le dieron a la coalición PAN-PRI-PRD la victoria.
En Chilpancingo, donde el 87.3 por ciento de la población se siente insegura, la coalición PAN-PRI se alzó con la victoria y sacó a Morena del gobierno. En Uruapan, los ciudadanos dejaron de lado los partidos tradicionales y eligieron al candidato independiente Carlos Manzo Rodríguez.
En contraste, en Ciudad Obregón, Sonora; Tapachula, Chiapas; Ecatepec y Naucalpan, Estado de México; León, Guanajuato; y Cuernavaca, Morelos; los ciudadanos apostaron por la continuidad. El informe detalla que durante todo el proceso electoral de 2024 se registraron 889 víctimas de violencia política, incluyendo el asesinato de 39 aspirantes o candidatos. Esto representa un aumento de la violencia política del 197.3 por ciento en comparación con 2021 y del 132.7 por ciento frente a 2018.
El 79 por ciento de los casos de violencia política se concentran en el ámbito municipal, por lo que Integralia destaca la necesidad de una reforma política-electoral que permita la anulación de elecciones cuando se compruebe la intervención del crimen organizado en cualquiera de sus modalidades: violencia política, imposición de candidaturas, financiamiento de campañas, movilización o desmovilización del voto, e intervención en casillas.
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