La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad del proceso federal electoral y concurrentes, debido a declaraciones proselitistas en 32 conferencias matutinas del 2023 y cuatro en febrero del 2024.
En sesión pública este jueves, los magistrados resolvieron un Procedimiento Especial Sancionador promovido por el PAN, en el que se concluyó que el mandatario utilizó recursos públicos para hacer declaraciones de apoyo a un grupo político y de rechazo a la oposición en sus conferencias entre mayo y octubre del 2023. Aunque el presidente no puede ser sancionado por infracciones de índole electoral, sí se le responsabiliza de dichas violaciones.
Por lo tanto, la Sala Especializada decidió dar vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia para que determine responsabilidades sobre Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del gobierno federal; Daniel Ramírez Pérez, jefe de Departamento; Sigfrido Barjau de la Rosa, director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie); Jessica Ramírez, integrante de la oficina de Presidencia, y Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional de Presidencia.
En la misma sesión, la Sala Especializada resolvió que tanto el presidente López Obrador como el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, emitieron manifestaciones proselitistas en las conferencias matutinas de los días 6, 7, 8 y 9 de febrero de este año. Los magistrados determinaron que estas manifestaciones estaban dirigidas a jóvenes y a la ciudadanía en general para que apoyaran el proyecto de transformación en las elecciones del 2 de junio, lo cual vulneró los principios constitucionales, además del uso indebido de recursos públicos.
El proyecto del Procedimiento Especial Sancionador, promovido por el PAN, fue presentado por el magistrado ponente Luis Espíndola. Este propuso declarar una conducta sistemática por parte del titular del Ejecutivo federal. Espíndola expresó que el análisis de las conferencias denunciadas mostraba vulneraciones sistemáticas con una narrativa enfocada en solicitar apoyo para el proyecto de transformación y en diferenciar entre este y el llamado bloque conservador, llamando a la ciudadanía a considerar estas diferencias al votar en las elecciones federales de 2023-2024.
No obstante, la propuesta de Espíndola fue rechazada por los magistrados Rubén Lara y Mónica Lozano, y no se incluyó en la sentencia final. Aun así, la Sala Especializada resolvió dar vista nuevamente al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República para que determine sanciones para los mismos funcionarios mencionados previamente.
Esta resolución pone de manifiesto las tensiones entre las acciones del Ejecutivo y los principios de neutralidad electoral, resaltando la importancia de mantener la imparcialidad en los procesos electorales para asegurar una competencia justa y equitativa.
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