El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, reveló que la elección popular de jueces, magistrados y ministros tendrá un costo estimado de entre 3,000 y 3,500 millones de pesos. Esta declaración se hizo durante el tercer foro sobre la reforma judicial propuesto por el Ejecutivo federal, celebrado en Toluca, Estado de México. Monreal afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de organizar esta elección y que los fondos necesarios provendrán de los fideicomisos del Poder Judicial, que ascienden a 23,000 millones de pesos.
Monreal destacó la importancia de la austeridad en el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según el legislador, la austeridad debe ser una política de Estado, subrayando que todos los órganos del gobierno han adoptado esta medida, con excepción del Poder Judicial y algunos órganos autónomos.
Durante el foro, el senador acusó al Poder Judicial de violar el artículo 127 de la Constitución, que regula las remuneraciones de los servidores públicos. Monreal adelantó que una vez que la reforma entre en vigor, los salarios y prestaciones de los jueces y magistrados deberán ajustarse para no superar las remuneraciones del Ejecutivo federal.
En su intervención, Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, señaló que la austeridad no es viable debido a las carencias de personal, instalaciones y equipo en los tribunales locales. Abogó por una autosuficiencia presupuestal y una gestión transparente y eficiente del gasto, sugiriendo que el presupuesto judicial de cada entidad no sea inferior al 4% de sus recursos.
Sodi Cuéllar también mencionó que en México hay solo 4.6 jueces por cada 100,000 habitantes, cifra que se reduce a 2.8 en el Estado de México. Propuso una meta realista de 10 jueces por cada 100,000 habitantes, aunque el estándar internacional es de 18 jueces por la misma proporción.
Monreal subrayó que los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, incluyendo pensiones, apoyos médicos, seguros y aguinaldos, serán respetados bajo la nueva reforma. Sin embargo, los ministros, jueces y magistrados en retiro no recibirán pensiones vitalicias ni haberes de retiro.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, enfatizó la importancia de escuchar todas las voces y atender todas las propuestas durante estos diálogos nacionales sobre la reforma judicial. Gómez destacó que la finalidad de toda acción de gobierno debe ser el bienestar y el mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudadanía, especialmente de aquellos afectados en su patrimonio, seguridad y derechos humanos.
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