En la recta final de los trabajos legislativos, la XVI Legislatura del Congreso de Baja California Sur aprobó importantes modificaciones al Código Penal del estado, tipificando dos formas de violencia hasta ahora no reconocidas de manera específica: la violencia obstétrica y la violencia vicaria.
En cuanto a la violencia obstétrica, ahora se establece como delito las acciones o negligencias del personal médico y administrativo en instituciones de salud, públicas o privadas, que afecten el proceso natural del parto, coaccionen decisiones maternas, o impidan el apego del bebé con su madre. Esta conducta podrá ser penada con cuatro a seis años de prisión, además de multas y reparación del daño correspondiente.
El legislador destacó que estas reformas buscan garantizar el respeto a los derechos reproductivos de las mujeres y asegurar una atención digna y respetuosa durante el embarazo, parto y puerperio.
Por otro lado, se incorporó el delito de Violencia vicaria, donde se castiga el uso de los hijos e hijas como instrumento para dañar emocional o físicamente a la madre víctima de violencia de género. Esta conducta ahora será considerada como un delito autónomo, con penas de uno a dos años de prisión, multas y la obligación de reparar el daño causado.
La diputada María Luis Ojeda González, promotora de la tipificación de la violencia vicaria, explicó que esta reforma era necesaria para alinear la legislación estatal con los estándares nacionales e internacionales, asegurando una mejor protección legal para las mujeres y sus hijos e hijas en situaciones de violencia familiar.
Estas medidas legislativas fueron celebradas por organizaciones de derechos humanos y feministas, que han impulsado durante años la inclusión de estas formas de violencia en las leyes estatales. Se espera que las reformas entren en vigor de inmediato, marcando un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres en Baja California Sur.
Con la conclusión de estos trabajos legislativos, la diputación permanente tomará la batuta hasta la próxima sesión en agosto, cuando los nuevos diputados electos asuman sus funciones. Este paso legislativo representa un compromiso claro del estado por garantizar un entorno más seguro y justo para todas las mujeres que enfrentan situaciones de violencia en el ámbito obstétrico y familiar.
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