La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha identificado irregularidades por casi siete millones de pesos en la construcción de una Clínica Hospital en Baja California Sur, proyecto encargado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Esta obra, destinada a sustituir la Unidad Médica Familiar “Cabo San Lucas”, ha levantado serias preocupaciones sobre la correcta administración de los fondos públicos.
El ambicioso proyecto contempla una Clínica Hospital con 20 camas, consultorios de medicina familiar, odontología, especialidades, radiología, ultrasonido, mastografía, laboratorio, urgencias, tocología y cirugía. Iniciado en 2022, se esperaba que estuviera terminado para enero de este año. Sin embargo, la auditoría reveló serias discrepancias en la gestión del proyecto.
La ASF encontró que en el contrato número “DNAyF-SOC-PA-005-2022” se realizaron pagos improcedentes por un total de seis millones 856 mil 948.21 pesos. De este monto, 6.7 millones de pesos corresponden a diferencias entre las cantidades estimadas y pagadas contra las realmente ejecutadas. Estas discrepancias se observaron en rubros como “Puertas para registros de válvulas de gases medicinales”, “Patios en obra exterior”, “Letreros exteriores e interiores”, “Mobiliario de acero inoxidable”, “Columnas de servicio para sala de operaciones” y la “Planta de tratamiento de aguas residuales”.
Además, la ASF identificó pagos anticipados que generaron intereses por 68 mil 800 pesos y 516 mil 900 pesos, lo que constituye un incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Estos pagos no solo representan un uso indebido de los fondos, sino que también reflejan una falta de control y supervisión en la ejecución del proyecto.
El ISSSTE intentó justificar los pagos en exceso mediante evidencias fotográficas, alegando que las obras pagadas y concluidas parcialmente estaban debidamente documentadas. Sin embargo, la ASF determinó que las fotografías no acreditaban la conclusión de las obras, dejando en evidencia que los trabajos pagados como completos aún estaban en desarrollo.
Como resultado, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que hay un probable daño a las arcas públicas o al patrimonio del ISSSTE, estimado en casi siete millones de pesos. Este monto incluye pagos en exceso por obras no ejecutadas y los intereses derivados de pagos anticipados. La ASF ha subrayado la necesidad de una mejor supervisión y control en la ejecución de proyectos para evitar futuros desfalcos y asegurar que los fondos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente.
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