El fallido intento de golpe de Estado en Bolivia liderado por el general destituido Juan José Zúñiga se atribuye a la «tardanza de los refuerzos», según confesó el propio Zúñiga tras su captura. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó a los medios de comunicación sobre la declaración del exjefe militar, quien reconoció que no pudo «consumar los objetivos del alzamiento» debido a retrasos logísticos.
Prada, quien leyó la entrevista policial realizada a Zúñiga, indicó que este confesó que «las unidades de Viacha tardaron en llegar» y que «el personal de la Armada y de la Fuerza Aérea no pudo llegar a tiempo». La confesión fue revelada en una conferencia de prensa en la que la ministra subrayó las dificultades logísticas como el principal obstáculo que enfrentó el grupo sublevado.
El miércoles por la tarde, Zúñiga encabezó a un grupo de militares armados y tanques que tomaron la plaza Murillo, frente a la sede del gobierno. Tras derribar la puerta del edificio gubernamental, Zúñiga declaró a la prensa su intención de «cambiar el gabinete de Gobierno» y «restablecer» la democracia en Bolivia. Sin embargo, el presidente Luis Arce permaneció en la sede del Ejecutivo, donde poco después reemplazó a los comandantes de las Fuerzas Armadas.
Zúñiga y sus seguidores se replegaron tras el cambio de mandos militares y fue entonces cuando el exjefe militar fue capturado en la sede del Estado Mayor. Durante su detención, Zúñiga acusó a Arce de haber ordenado la acción militar como una estrategia para «levantar su popularidad».
El gobierno boliviano anunció la detención de 17 personas, incluyendo militares activos y en retiro, así como varios civiles, por su presunta vinculación con el golpe fallido. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que «se ha logrado la aprehensión de un total de 17 personas por haber intentado consumar un golpe de Estado» y señaló que la policía está buscando a otros tres militares en retiro también implicados en la conspiración.
Entre los detenidos están el vicealmirante Juan Arnez, excomandante de la Armada, y Aníbal Aguilar, un exviceministro de los años 80 que coordinaba el programa de erradicación de narcocultivos. Del Castillo afirmó que «todavía no están todas las personas que han participado en el intento» y pidió ayuda a la población para dar con el paradero de los demás sospechosos.
El presidente Luis Arce denunció ante la comunidad internacional los «movimientos irregulares» de militares y calificó los hechos como un «intento de golpe de Estado». En una transmisión por la televisión estatal, Arce aseguró que «nosotros nos hemos mantenido en Casa Grande, donde ustedes nos han puesto, porque los únicos que nos pueden sacar de aquí son ustedes, hermanos».
Evo Morales, expresidente de Bolivia y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), fue uno de los primeros en denunciar la intentona golpista y llamó a una «movilización nacional» para defender la democracia. Morales afirmó que «no permitiremos que las Fuerzas Armadas violenten la democracia y amedrenten al pueblo».
En una ceremonia rápida, Arce relevó a toda la cúpula militar y juramentó a los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas. Tras un breve enfrentamiento con la Unidad Táctica de Operaciones Policiales de Bolivia, Zúñiga y sus militares se replegaron de la Plaza Murillo, donde habían mantenido presión durante varias horas. El presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca salieron al balcón de la Casa Grande del Pueblo y dieron un discurso frente a cientos de personas que llegaron a respaldar al gobierno con gritos de «Lucho no está solo carajo» y «los golpistas no pasarán».
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