Un juez federal frenó las intenciones del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, de invalidar los testimonios de siete exdirectivos de la constructora brasileña Odebrecht y, por ende, de cancelar el proceso en su contra. Funcionarios federales revelaron que estos testimonios son las únicas pruebas que la Fiscalía General de la República (FGR) puede utilizar en un eventual juicio oral.
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México confirmó un fallo que desechó toda la información bancaria aportada por Brasil y Suiza, dejando a la FGR con los testimonios como su principal evidencia. El pasado 17 de mayo, en una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte, la defensa de Lozoya solicitó al juez de control, Genaro Alarcón López, que se invalidaran los testimonios, argumentando que estos ya han sido anulados en otras naciones, y pidió el sobreseimiento de la causa penal.
Durante la audiencia, el juez Alarcón indicó que las resoluciones emitidas en otros países no son vinculantes para la justicia mexicana, razón por la cual rechazó invalidar los testimonios y no canceló el proceso. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que este tema sea parte del debate en un eventual juicio oral.
Ante esta situación, Emilio Lozoya promovió un amparo, el cual fue turnado a Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primero de Distrito de Amparo en materia penal, aunque aún no ha sido admitido a trámite. La defensa de Lozoya ha sostenido desde el año pasado que todas las pruebas en el caso Odebrecht están “contaminadas de origen”. Como ejemplo, señalaron la sentencia dictada en Brasil en contra del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en la cual se desestimaron pruebas vinculadas al caso Odebrecht por considerarlas ilícitas.
En un comunicado, la defensa de Lozoya enfatizó que el Supremo Tribunal Federal de Brasil desechó las pruebas del caso Odebrecht por violaciones a derechos fundamentales. Argumentaron que estas violaciones también afectan otros casos relacionados a nivel mundial.
El año pasado, un Tribunal Federal declaró infundado un recurso de queja de Lozoya, quien buscaba que se admitiera un amparo para que las pruebas no fueran utilizadas en un juicio oral. En su escrito, Lozoya reclamó la inconstitucionalidad del Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en materia penal entre México y Brasil, pero los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México declararon infundado el recurso.
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