A una semana de la orden ejecutiva de Estados Unidos que restringe el asilo, empresarios mexicanos expresan su preocupación por posibles afectaciones en la frontera común. Temen que las exportaciones sufran retrasos debido a cambios en las prioridades de los funcionarios estadounidenses o nuevas restricciones impuestas por el estado de Texas.
Thor Salayandía Lara, coordinador del Bloque Empresarial Fronterizo, advirtió en entrevista con EFE que la reorientación de agentes del CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) para procesar a los migrantes podría ralentizar el comercio transfronterizo. “Si mañana Estados Unidos necesita más personas para procesar a toda la gente, van a quitar agentes del CBP de los cruces comerciales para irse a atender a todos estos procesos migratorios”, explicó Salayandía.
En Ciudad Juárez, epicentro de la crisis humanitaria por la migración, el empresario prevé que esto “va a hacer que se atoren otra vez las filas, que haya más embotellamientos, que tarden más las cargas para cruzar a Estados Unidos”. La nueva medida, firmada por el presidente Joe Biden, permite deportar a quienes no cumplan con estrictos estándares de asilo si se superan las 2 mil 500 detenciones diarias en un promedio de siete días.
A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a Washington que los migrantes sean deportados directamente a sus países de origen, los empresarios temen que la saturación de la frontera empeore. “El presidente Biden anunció que ya no van a dejar entrar más gente, y que van a deportar. Lo que va a pasar es que se va a conglomerar más gente aquí en la frontera, en Ciudad Juárez”, argumentó Salayandía Lara.
Francisco González, presidente de la Red de Albergues Somos Uno por Juárez y director del Albergue Vida, coincidió en que la ciudad no está preparada para el aumento de personas. “Lo que va a generar el endurecimiento de la ley migratoria es que la gente tarde más en la frontera, se aglomere más tiempo aquí y eso implica que quedan más vulnerables, más expuestos en temas de salud, de seguridad, y a redes de tráfico de personas”, señaló.
En los últimos 15 días, los albergues de la red incrementaron su ocupación de un 30% a un 45%, y se espera que en los próximos 15 días superen el 60%. González añadió que a pesar de la nueva ley, las circunstancias que impulsan a las personas a migrar siguen vigentes en sus lugares de origen, lo que significa que el flujo migratorio no disminuirá.
A esto se sumará la llegada de personas deportadas, lo que generaría un caos en la ciudad. El cruce por alternativas legales, como la aplicación CBP One, ha sido muy lento. “La app ha estado muy lenta. Nos dijeron que de mayo para acá habría más actividad en cuanto a atender las solicitudes, pero sigue siendo lenta. Por ejemplo, con nosotros en tres meses solamente han salido como tres familias”, concluyó González.
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