La embajada de Estados Unidos reiteró este jueves que ciertas áreas de la frontera sur han sido designadas como zonas de defensa nacional, por lo que cualquier persona no autorizada que ingrese a ellas podrá ser sancionada con multas, arresto, enjuiciamiento y encarcelamiento, de acuerdo con la legislación vigente.
“Estados Unidos ha designado ciertas áreas de la frontera sur como áreas de Defensa Nacional. Estas se consideran extensiones de bases militares y cualquier persona no autorizada que ingrese será objeto de multa, arresto, enjuiciamiento y encarcelamiento”, indicó la sede diplomática en una advertencia publicada en su cuenta oficial de X. El mensaje concluye con un llamado directo: “No entres, arriesgas tu libertad en un viaje destinado al fracaso”.
La medida forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump para contener el flujo de migración irregular. Hasta ahora, se han instalado dos bases militares a lo largo de la frontera con México: una en el estado de Nuevo México y otra como extensión de Fort Bliss, ubicada en las cercanías de El Paso, Texas.
De acuerdo con el Comando Norte, estas zonas forman parte de una estrategia de seguridad nacional que busca reforzar la presencia militar en puntos clave de la frontera. Estas áreas son consideradas instalaciones federales, por lo que su ingreso no autorizado constituye un delito federal en Estados Unidos.
Como parte del despliegue, se han movilizado más de 11 mil elementos de la Guardia Nacional con tareas de vigilancia y control en los puntos fronterizos señalados. Estas fuerzas apoyan a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la detección y detención de personas que intenten ingresar por estas rutas prohibidas.
Según datos de la CBP, hasta el 1 de mayo de este año, un total de 264 migrantes han sido acusados penalmente tras intentar cruzar por las zonas militares restringidas. Las acusaciones varían desde ingreso ilegal hasta violaciones a la seguridad nacional.
El gobierno estadounidense ha subrayado que estas medidas no solo buscan proteger su territorio, sino también disuadir a los migrantes de utilizar rutas consideradas de alto riesgo, al tiempo que recalca las consecuencias legales de hacerlo. Las autoridades mexicanas no han emitido comentarios al respecto hasta el momento.
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