La Cámara de Diputados aprobó con 252 votos a favor, 212 en contra y cuatro abstenciones, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este hecho, aunque celebrado por algunos, ha sido objeto de intensos debates y críticas por parte de la oposición.
La iniciativa, discutida en el recinto de San Lázaro, propone la instauración de un fondo de 40 mil millones de pesos destinado a garantizar el pago de jubilaciones con el 100 por ciento del último sueldo para ciertos trabajadores.
La fuente de financiamiento para este fondo serían los recursos de personas inactivas mayores de 70 años que hayan laborado en la economía formal del sector privado, y mayores de 75 años si su trayectoria laboral fue en el ámbito gubernamental, y que no hayan reclamado su dinero de las Afores, el sistema privado de pensiones creado en 1997.
Sin embargo, la aprobación de esta propuesta no estuvo exenta de controversias. La oposición ha expresado fuertes críticas, catalogando la medida como un «saqueo», argumentando que los recursos pertenecen legítimamente a los trabajadores o a sus herederos, y no deberían ser redirigidos a un fondo público.
En contraposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado estas acusaciones, negando cualquier intención de «expropiar» las Afores. Más bien, ha argumentado que el propósito es evitar que las empresas privadas que administran dichos fondos utilicen los recursos no reclamados para otros fines comerciales.
El mandatario ha señalado que esta reforma legal, que solo requiere mayoría simple para su aprobación, es un primer paso hacia una reforma constitucional más amplia. Esta última busca consagrar como derecho fundamental una pensión del 100 por ciento al momento de la jubilación. No obstante, para lograr esta segunda reforma se requeriría una mayoría calificada en el Congreso, lo cual plantea un desafío adicional para el Ejecutivo.
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