El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, informó en la conferencia matutina del presidente López Obrador que las empresas pertenecientes a Grupo Salinas, bajo la propiedad de Ricardo Salinas Pliego, acumulan una deuda fiscal que supera los 63 mil millones de pesos. Esta cifra incluye más de 53 mil millones de pesos correspondientes a juicios fiscales realizados entre 2008 y 2018, así como más de 10 mil millones de pesos por concepto de créditos fiscales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó la magnitud de esta deuda, comparándola con los presupuestos anuales de entidades federativas como Baja California Sur y Tlaxcala. Más del 90 por ciento de este adeudo está relacionado con la figura de consolidación fiscal, utilizada por Grupo Salinas entre 1982 y 2013. Martínez Dagnino explicó que el monto original que debía pagar la empresa era de 38 mil millones de pesos, pero se ha incrementado debido a actualizaciones, inflación y recargos.
El exprocurador fiscal de la federación, Félix Arturo Medina Padilla, reveló que las empresas de Grupo Salinas han recurrido a estrategias legales para retrasar el proceso de resolución de la deuda. En un caso particular, una empresa impugnó un juicio de amparo que un tribunal colegiado intentó resolver en 2021, solicitando la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que suspendió temporalmente la resolución del caso.
Grisel Galeano García, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, detalló las estrategias de defensa empleadas por Grupo Salinas, incluyendo interpretaciones selectivas de la ley y el uso de procedimientos dilatorios. Las autoridades fiscales han respondido a cada demanda y recurso presentado por las empresas.
El subsecretario Medina Padilla anunció que la información completa sobre los procesos fiscales estará disponible en el portal del Gobierno de México. El presidente López Obrador expresó su confianza en que el Poder Judicial resuelva el caso antes de que concluya su mandato, destacando que la exposición de la deuda no busca afectar a los empresarios, sino combatir la corrupción y evitar la condonación de impuestos a grandes empresas.
Finalmente, el presidente reiteró su postura en contra de la riqueza malhabida y la corrupción, enfatizando que su administración está comprometida con la transparencia y la justicia fiscal en beneficio del desarrollo del país. La resolución de este caso será un hito importante en la lucha contra la evasión fiscal y la impunidad en el sector empresarial.
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