El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado luz verde al registro de María Elena Ríos, reconocida saxofonista oaxaqueña víctima de un ataque con ácido en 2019, como candidata suplente a una diputación federal por el principio de representación proporcional, mejor conocida como plurinominales.
Esta decisión se tomó luego de un intenso debate en el seno del INE sobre la elegibilidad de Ríos, quien fue postulada por Morena como parte de una acción afirmativa en favor de personas indígenas. Inicialmente, se consideró negar el registro de Ríos Ortíz al no acreditar su residencia en alguna comunidad indígena de Oaxaca, tal como lo había inscrito Morena.
No obstante, la consejera Carla Humphrey cambió el curso de la discusión al argumentar que Ríos es víctima de desplazamiento forzado debido al brutal ataque que sufrió, el cual la obligó a migrar de su lugar de origen en Oaxaca a la capital del país.
En palabras de la consejera Humphrey Jordán, «María Elena Ríos tiene esa calidad de desplazamiento interno forzado», por lo que exigirle acreditar su residencia, en la comunidad Mixteca, de la que fue obligada a huir sería poner en peligro su vida y su integridad. Además, señaló que esta exigencia podría revictimizarla y restringir sus derechos humanos como ciudadana mexicana y mujer indígena.
María Elena Ríos, quien figura en el lugar 18 de la lista de representación proporcional de Morena para la cuarta circunscripción, fungirá como suplente de Manuel Vázquez Arellano, sobreviviente de la llamada ‘Noche de Iguala’, donde fueron desaparecidos los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, y actual diputado en busca de reelección.
Finalmente, su candidatura fue aprobada por el Consejo General del INE en una sesión extraordinaria, con nueve votos a favor y dos en contra. La decisión de respaldar la candidatura de María Elena Ríos ha sido aplaudida por aquellos que defienden los derechos de las víctimas de violencia de género y buscan una mayor inclusión de personas indígenas en la vida política del país. Sin embargo, también ha generado críticas y polémica entre quienes cuestionan la interpretación de las normativas electorales en casos como este.
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