La reciente decisión del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela de absolver a un individuo acusado de abusar presuntamente de una niña de cuatro años ha generado una ola de indignación en las redes sociales y ha desencadenado protestas por parte de diversas organizaciones civiles.
En un vídeo que se ha difundido ampliamente en las redes, el juez argumenta que la falta de detalles específicos por parte de la niña sobre el lugar, el día y la hora del supuesto abuso dificulta la corroboración de los hechos, lo que ha generado una fuerte controversia en la opinión pública.
Ante esta respuesta judicial, grupos como Red por los Derechos de la Infancia en México y Hermanas Aliadas han convocado a una manifestación para el martes 27 de febrero en el Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, en Naucalpan. Sin embargo, a pesar de las protestas y el cierre de la vialidad en el segundo piso del Periférico Norte, el Poder Judicial del Estado de México ha respaldado la sentencia del juez, argumentando la necesidad de analizar íntegramente la sentencia emitida.
La manifestación, que inició a las 14:30, ha reunido a decenas de personas en las inmediaciones del municipio de Naucalpan, quienes demandan justicia para la víctima y cuestionan la validez del proceso judicial. Tras horas de protestas y bloqueos en la vialidad, las autoridades han llegado a un acuerdo con los manifestantes, permitiendo la reapertura parcial de la circulación en dirección a la Ciudad de México, mientras que en sentido contrario el cierre persiste.
Este caso ha suscitado una amplia discusión en las redes sociales, donde se ha criticado tanto la decisión judicial como el manejo del caso por parte de las autoridades. La madre de la niña víctima, Victoria Figueiras, ha denunciado en diversos medios la presunta negligencia por parte de las autoridades del Estado de México y ha compartido su testimonio en un artículo publicado en Opinión 51, donde detalla los obstáculos que ella y su hija han enfrentado en su búsqueda de justicia.
Según Figueiras, desde que su hija reveló el abuso, han pasado dos años de lucha constante, durante los cuales la niña ha debido someterse a múltiples peritajes y entrevistas, mientras que su padre ha cuestionado su testimonio y defendido al acusado, quien es su hermano. La situación ha dejado en evidencia las deficiencias del sistema judicial y ha generado un debate sobre la protección de los derechos de los niños en México.
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