El gobierno de Nuevo León, liderado por Samuel García, ha cedido el control de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal (UIFE), otorgándole autonomía y pasándola a depender de la Fiscalía General de Justicia estatal, dirigida por Pedro Arce Jardón.
Mediante un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el gobernador García estableció que la UIFE ya no estará bajo la jurisdicción de la Tesorería Estatal. Esta decisión responde a un emplazamiento de la Suprema Corte, que estableció el 14 de febrero como fecha límite para resolver la controversia interpuesta por el Poder Legislativo estatal.
Con este cambio, las investigaciones financieras y patrimoniales de figuras políticas, empresarios y ciudadanos serán independientes de los intereses del gobernador en turno, permitiendo una mayor autonomía en las indagatorias.
El decreto también establece un plazo de 60 días para designar un nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera y 90 días adicionales para que tanto la Fiscalía como la Tesorería realicen las reformas necesarias para adecuarse al nuevo marco regulatorio.
La UIFE, ahora bajo la Fiscalía, tendrá la facultad de investigar operaciones sospechosas de recursos ilícitos, así como de congelar cuentas o activos en el sistema financiero. Además, se establece la obligación de la Secretaría de Finanzas de proveer los recursos necesarios para su funcionamiento adecuado.
La decisión de transferir el control de la UIFE a la Fiscalía responde a una orden de la Suprema Corte, que había determinado que el gobierno estatal había omitido la publicación de un decreto aprobado previamente por el Congreso local. Esta omisión generó controversia constitucional por parte del Congreso, que alegó una violación a la división de poderes.
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