El Ejecutivo Federal ha presentado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, centrándose en materia penal. Esta propuesta busca establecer la prisión preventiva oficiosa en casos específicos, con el objetivo de prevenir y combatir delitos que representan una amenaza para la sociedad.
La iniciativa tiene como propósito fundamental combatir delitos que han experimentado un preocupante aumento en su incidencia, afectando la paz, seguridad y salud de la población. En este sentido, se propone incluir la prisión preventiva oficiosa en casos de extorsión, narcomenudeo, delitos relacionados con la producción y distribución de drogas sintéticas, defraudación fiscal, contrabando, y emisión ilícita de comprobantes fiscales.
El Estado mexicano tiene la responsabilidad de proteger a la sociedad, especialmente en lo que respecta a la salud pública y la seguridad. La reforma constitucional propuesta se basa en antecedentes normativos que han buscado fortalecer la justicia y garantizar los derechos de los ciudadanos.
Desde la década de 1940, se han realizado reformas constitucionales para establecer garantías en el proceso penal, incluyendo la posibilidad de prisión preventiva en casos de delitos graves. Sin embargo, la evolución del crimen, especialmente en áreas como el narcomenudeo y la extorsión, requiere adaptaciones legales para enfrentar los nuevos desafíos.
El aumento en la producción y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo, ha generado graves problemas de salud pública y seguridad. El consumo de estas sustancias ha causado un incremento en la violencia y la comisión de delitos relacionados. Además, el narcomenudeo ha permitido un acceso más fácil a estas drogas, especialmente entre grupos vulnerables como los adolescentes.
La extorsión, por su parte, ha evolucionado con el uso de tecnologías modernas, lo que dificulta su prevención y persecución. Este delito afecta tanto a individuos como a empresas, generando un alto grado de impunidad y violencia en la sociedad.
La reforma propuesta busca fortalecer la acción del Estado en la persecución de estos delitos, dotando a las autoridades de herramientas jurídicas más efectivas. Se plantea la inclusión de la prisión preventiva oficiosa para casos específicos, como medida cautelar, con el fin de garantizar la comparecencia del imputado, proteger a la víctima y prevenir la comisión de nuevos delitos.
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