El Ejecutivo federal ha presentado una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano en materia de seguridad ciudadana. Esta propuesta, mediante un proyecto de decreto, busca reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en lo concerniente a la Guardia Nacional.
La reforma propuesta tiene como finalidad principal garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la vigencia del Estado de derecho, así como asegurar el respeto a los derechos humanos en el territorio nacional. Para lograr estos objetivos, se propone reconocer a la Guardia Nacional como una fuerza policial de carácter permanente, integrada por personal de origen militar, pero cuya formación, disciplina y adiestramiento estarán enfocados en aspectos policiales y en el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Una de las principales razones detrás de esta iniciativa es la necesidad de brindar un marco jurídico que permita la participación auxiliar, extraordinaria y complementaria de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, especialmente para hacer frente a la violencia e inseguridad generadas por el crimen organizado.
La propuesta destaca la importancia de abordar la seguridad ciudadana con un enfoque centrado en la persona humana, reconociendo que la función primaria de garantizarla recae en los estados y municipios, aunque en los últimos años, especialmente desde la década de 1990, ha habido un protagonismo creciente a nivel federal en este ámbito.
Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI (ENVIPE) de 2020, más de la mitad de la población percibió a la Policía Federal como una institución corrupta, lo que subraya la necesidad de fortalecer las instituciones policiales a nivel federal, estatal y municipal.
La iniciativa reconoce también el impacto del crimen organizado en la vida económica, política y social de México, especialmente a partir de 2007, con actividades que van desde el tráfico de drogas hasta la trata de personas y el robo de recursos naturales. La entrada constante de armas de fuego, principalmente desde Estados Unidos, ha contribuido significativamente a aumentar la violencia y la letalidad de estas organizaciones criminales.
En este contexto, la propuesta busca consolidar y fortalecer la Guardia Nacional como una institución profesional y disciplinada, con un enfoque estrictamente policial y respetuoso de los derechos humanos. Se destaca que la incorporación de personal con formación militar a esta institución ha dado resultados positivos en términos de desempeño y aceptación por parte de la población.
Entre las reformas propuestas se encuentran la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la inclusión de sus integrantes en las disposiciones sobre fuero militar, la coadyuvancia de la Guardia Nacional en la investigación de delitos bajo el mando del Ministerio Público, entre otras.
La iniciativa también busca garantizar condiciones laborales y prestaciones iguales para los miembros de la Guardia Nacional, comparables a las de las Fuerzas Armadas. Además, se establecen limitaciones para el ejercicio de funciones políticas por parte del personal de esta institución, con el fin de preservar su imparcialidad y evitar conflictos de interés.
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