Desde el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló un conjunto ambicioso de iniciativas de reforma constitucional que busca restaurar derechos fundamentales y transformar diversos aspectos del país. Estas propuestas, que abarcan desde reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público hasta revertir reformas de pensiones del gobierno de Ernesto Zedillo, representan un hito en la búsqueda de justicia social.
El presidente destacó la importancia de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, enfatizando la necesidad de atenderlos de manera preferente. Además, reafirmó el compromiso de su gobierno con el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años, proponiendo aumentos anuales en el monto.
La educación y el trabajo también ocupan un lugar central en las reformas, con la garantía de derechos para los mexicanos en estos ámbitos. López Obrador criticó la mal llamada «reforma educativa» del sexenio anterior, asegurando que su gobierno trata a los maestros con dignidad y no regatea sus derechos laborales.
El presidente subrayó la importancia de transformar el Poder Judicial, destacando que no puede seguir siendo un instrumento al servicio de intereses políticos y económicos. Además, anunció modificaciones en el ámbito energético, como la prohibición del fracking y la utilización de vías férreas concesionadas para trenes de pasajeros.
Este paquete de reformas, que será presentado al Poder Legislativo, busca revertir cambios introducidos durante el periodo neoliberal, marcando una clara diferencia en la visión de gobierno. López Obrador enfatizó que estas iniciativas buscan establecer un auténtico Estado de Derecho y garantizar la justicia en México.
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