En México, las mujeres trans enfrentan no solo vulnerabilidad, sino también una amenaza constante, con cifras alarmantes que indican un riesgo real de asesinato. Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) de 2021, el 0.9 por ciento de la población mexicana, equivalente a 909 mil personas de 15 años en adelante, se identifica como trans.
Sin embargo, estas cifras no se reflejan en programas sociales o presupuestos destinados a su bienestar. La raíz de la transfobia en México se alimenta de la falta de reconocimiento de la identidad de género en la constitución.
En este contexto, un grupo de aproximamdamente diez mujeres trans se apersonaron al interior de la Cámara de Diputados, previo al inicio del último periódo ordinario de sesiones, amagando con ‘clausurar’ el salón de plenos, si no se atendían sus demandas.
El llamado a modificar el primer artículo constitucional y aquellos vinculados a él busca erradicar la discriminación sistemática contra las personas trans. La falta de reconocimiento de la identidad de género persiste en ocho estados de la república, negándoles acceso a derechos fundamentales.
La urgente aprobación de la Ley General de Operación de Registros Civiles se presenta como un camino esencial para garantizar el derecho a la identidad sin requisitos discriminatorios.
La lucha no solo es por reconocimiento legal, sino también por justicia y prevención. La tipificación del delito de Transfeminicidio en el Código Penal Federal y en todos los códigos penales estatales es una demanda clave para garantizar seguridad y protección jurídica.
La ausencia de asignación presupuestaria específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 refuerza la necesidad de establecer una mesa de trabajo con el gobierno federal para acceder a programas sociales que aborden las urgentes necesidades de este grupo vulnerable.
La perspectiva de diversidad de género en los programas de salud, especialmente en el IMSS-Bienestar, se presenta como esencial, dado que las mujeres trans a menudo carecen de acceso al empleo formal y, por ende, a prestaciones médicas. Además, la Unidad de Atención a la Salud Integral de las Personas Trans en México debe abordar específicamente los problemas de salud causados por el uso de modelantes corporales.
La solicitud de reconocimiento del Trabajo Sexual como empleo en la Ley Federal del Trabajo es un paso crucial para proteger a las mujeres trans de extorsiones, encarcelamiento injustificado y la amenaza constante del crimen organizado.
Finalmente, la demanda de una reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores busca establecer una ruta clara para atender las demandas y garantizar la aprobación de la Ley General Trans, un paso vital hacia la igualdad y la justicia para las mujeres trans en México.
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