Tras la reciente liberación de ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado al Poder Judicial de tener un interés político en este controversial asunto. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional el 23 de enero, el mandatario instruyó a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a hacer pública la carta que él mismo envió en diciembre a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña.
En sus declaraciones, López Obrador expresó su preocupación por lo que considera un intento de desprestigiar al Ejército y resaltó que había advertido sobre esta situación en una carta enviada hace 15 días a la ministra Piña. La secretaria de Gobernación, siguiendo la instrucción presidencial, reveló la carta que data del 12 de diciembre, dirigida a la ministra presidenta de la SCJN.
En la misiva, Alcalde alertó sobre el riesgo de modificar las medidas cautelares y la trascendencia de este asunto para el Estado mexicano. Hizo referencia a la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que consideró «fundado» el agravio de los ocho militares inculpados, solicitando la suspensión de la prisión preventiva oficiosa. Entre los militares liberados se encuentran el Subteniente Omar Torres Marquillo, el Sargento 2º Roberto de los Santos Eduviges, y otros seis involucrados.
Alcalde subrayó la relevancia del caso, señalando el alto riesgo de sustracción de la justicia al modificar la prisión preventiva oficiosa. La carta concluyó expresando la confianza en el Poder Judicial para velar por el Estado de Derecho, garantizar los derechos humanos de las víctimas y sancionar a los responsables, evitando así un mensaje de impunidad e injusticia en la sociedad.
Este episodio agrega un nuevo capítulo a la ya compleja trama del caso Ayotzinapa, donde las tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial se vuelven evidentes, generando interrogantes sobre la independencia y el papel del sistema judicial en México. La sociedad observa con atención, mientras se espera que esta controversia desencadene debates más profundos sobre el sistema de justicia en el país.
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