Con una votación de 59 a favor y 33 en contra, el Senado de la República aprobó un dictamen crucial relacionado con la facultad conferida al titular del Poder Ejecutivo Federal sobre el uso de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública.
En el documento, los legisladores destacaron la falta de información debidamente proporcionada por los titulares de los gobiernos estatales, dificultando la valoración del estado de la fuerza pública en las entidades federativas y municipios.
Aunque reconocieron el esfuerzo conjunto entre el Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios, insistieron en la necesidad de un análisis detallado y multidimensional para decidir sobre el retiro de la Fuerza Armada Permanente.
La Comisión Bicamaral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública exhortó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a integrar información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los informes futuros.
Además, instó a los gobernadores a presentar, en un plazo de 60 días, información detallada sobre el fortalecimiento de las capacidades policiales y el uso de recursos presupuestarios.
Los senadores también solicitaron una ruta clara para el retiro gradual de la Fuerza Armada, así como el fortalecimiento presupuestal para las policías locales, municipios y entidades. Advertieron que, de no recibir la información necesaria, la Comisión dará cuenta de los titulares de los gobiernos locales omisos.
Cristóbal Arias Solís, presidente de la Comisión Bicamaral, enfatizó la importancia de fortalecer los criterios de compatibilidad con estándares internacionales de derechos humanos y señaló la falta de condiciones para determinar la retirada de la Fuerza Armada en algunas entidades.
Las opiniones divergentes se hicieron evidentes durante la discusión. La senadora Lucía Trasviña Waldenrath de Morena defendió el papel fundamental de las Fuerzas Armadas en la construcción de la paz, mientras que el senador Damián Zepeda Vidales de Acción Nacional denunció la militarización de la seguridad pública.
Por su parte, la senadora Claudia Edith Anaya Mota del PRI pidió votar en contra, criticando las omisiones del Senado que permitieron la militarización.
La discusión también abordó la participación de la Guardia Nacional, con la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado del PT destacando la aprobación popular del Ejército y la Guardia Nacional.
Por otro lado, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas recordó el carácter civil acordado para la Guardia Nacional y expresó preocupación por la militarización creciente.
Este dictamen refleja la creciente preocupación sobre el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública y destaca la necesidad de mayor transparencia y evaluación continua para garantizar el respeto a los derechos humanos y la construcción de una paz duradera en México.
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