El presidente Andrés Manuel López Obrador ha remitido a la Cámara de Diputados una iniciativa que busca instaurar la obligación para los estados de destinar recursos específicos en sus presupuestos para la atención de desastres naturales y situaciones de emergencia.
Esta iniciativa busca derogar la Ley de Protección Civil de 2012 y establecer una nueva Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de alinear el marco normativo a la perspectiva de gestión de desastres que ha adoptado la actual administración.
En el artículo 59 de la propuesta presidencial se establece que «las entidades federativas deberán prever recursos para atender a la población en estado de emergencia, para la construcción de infraestructura pública estatal afectada por la concurrencia de uno o más amenazas y para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales, de conformidad con lo establecido en la ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios y demás normativa aplicable”.
La reforma también plantea la obligación para los estados de contratar seguros y otros instrumentos de administración y transferencia de riesgo de desastre, destinados a la cobertura de daños causados por fenómenos naturales.
Además, se propone la sustitución de las Declaratorias de Emergencia y Desastre por Acuerdos que establezcan una Situación de Emergencia y una Situación de Desastre, mediante los cuales los estados podrán solicitar apoyo económico a la Federación para atender desastres naturales cuando los daños superen la capacidad financiera y operativa local.
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