El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, anunció hoy una iniciativa destinada a eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Según Mier Velazco, esta propuesta tiene como objetivo poner fin a lo que él considera «privilegios» de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y asegurar que los derechos de los trabajadores del Poder Judicial se mantengan intactos.
La iniciativa busca conservar únicamente aquellos fideicomisos que estén contemplados en la Ley del Poder Judicial, lo que, según Mier Velazco, no amenazaría la situación laboral, las prestaciones o los derechos adquiridos de los empleados judiciales.

Mier Velazco enfatizó que la medida apuntaba específicamente a reducir el gasto innecesario de los fideicomisos de la Suprema Corte, cuyo monto supera el presupuesto anual asignado a esta entidad. «Ellos tienen un presupuesto anual en este momento de 5 mil 700 millones de pesos y, sin embargo, sus fideicomisos están por más de 6 mil 200 millones», señaló el líder parlamentario.
El coordinador de Morena también subrayó que los más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial se encuentran dentro del presupuesto total de más de 63 mil millones de pesos asignado a la Judicatura Federal, abarcando prácticamente todos los aspectos relacionados con los pasivos laborales de la institución.
En cuanto al proceso legislativo, Mier Velazco anunció que la junta directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública planea sesionar esta semana para incorporar al orden del día la discusión de la iniciativa.

«Va a sesionar el día jueves, la convocaron la junta directiva, parece que sesiona mañana la junta directiva de la Comisión de Presupuesto para que se apruebe el orden del día y, en su caso, circule el proyecto de dictamen», expresó el legislador.
La propuesta de Morena para eliminar los fideicomisos del Poder Judicial seguramente desencadenará un debate intenso en el Congreso, ya que plantea cuestiones fundamentales sobre la administración de recursos públicos y los derechos laborales de los empleados judiciales. Se espera que los próximos días sean cruciales para determinar el destino de esta iniciativa y su impacto en el sistema judicial mexicano.
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