El Quinto Informe de Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentado el viernes pasado, estuvo marcado por una notoria ausencia: la seguridad, una de las principales preocupaciones en gran parte del país. En su último discurso antes de las elecciones de 2024, el mandatario mexicano optó por enfocarse en los avances sociales alcanzados durante su mandato y propuso más consultas populares como un mecanismo para combatir la corrupción y el abuso de poder.
Sin embargo, López Obrador evitó abordar temas cruciales relacionados con la seguridad, como la lucha contra el narcotráfico, el creciente problema de los desaparecidos o el constante desafío de los grandes cárteles. Su referencia a la inseguridad se limitó a un breve minuto en una intervención que superó las hora y media, en la cual elogió la labor de las Fuerzas Armadas en este ámbito.
El presidente destacó que su estrategia de «abrazos, no balazos», que evita la confrontación abierta con grupos criminales y enfatiza en programas de capacitación y becas para jóvenes, está dando resultados positivos. Sin embargo, no ofreció datos detallados sobre la eficacia de esta estrategia.
López Obrador mencionó una serie de delitos cuya incidencia ha disminuido, incluyendo los homicidios. Aunque se registró una reducción, los números no coinciden con las cifras que el presidente atribuye a su administración, y la tendencia se mantuvo estable en la primera mitad de 2023 en comparación con el mismo período del año anterior.
A pesar de los avances declarados, en los últimos meses México ha sido testigo de episodios de violencia relacionados con cárteles que no se habían observado en una década. Esto incluye extorsiones masivas y prácticas violentas que involucran a las víctimas.
En su discurso, el presidente López Obrador se enfocó más en la consolidación de sus proyectos existentes, como la inauguración de grandes obras de infraestructura como el Tren Maya, que en la presentación de nuevas propuestas. No obstante, reafirmó su intención de llevar a cabo la elección directa de jueces mexicanos a través de una reforma constitucional, impulsando la idea de que las votaciones populares son una herramienta efectiva para combatir la corrupción y los abusos de poder, extendiendo la idea no solo a la elección de jueces, sino también a miembros de la Suprema Corte y de la autoridad electoral.
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