La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha hecho un llamado urgente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que agilice la resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y otros permisos. Actualmente, 1,545 proyectos de inversión se encuentran detenidos debido a la falta de respuesta por parte de la autoridad ambiental.
El retraso en la obtención de licencias ambientales de aprovechamiento de agua y cambios de uso de suelo, principalmente para desarrollos turísticos, inmobiliarios, carreteros, mineros y de extracción en bancos de materiales, está teniendo un impacto negativo en la generación de empleos y desaprovechando el atractivo de México para el nearshoring.
En COPARMEX son conscientes de la importancia de contar con una MIA, la cual, acompañada de otros instrumentos, permite prevenir daños a los recursos naturales al identificar mecanismos de atenuación, mitigación y compensación del posible impacto. Por ello, instan a la autoridad a responder de manera más ágil a este trámite en beneficio del medio ambiente y para el desarrollo de programas en armonía con el entorno.
Es relevante señalar que, aunque la Ley General para la Protección y el Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA) establece un periodo de 60 días hábiles para que la autoridad emita su resolución, en promedio los resolutivos para proyectos privados tardan 199 días, un tiempo mucho mayor al establecido por la norma y que contrasta con los plazos de proyectos públicos, que se liberan en un lapso de entre 36 y 55 días. Esto denota un trato desigual y discriminatorio hacia los solicitantes privados, lo cual podría implicar una violación al T-MEC al favorecer proyectos públicos sobre los privados.
A modo de ejemplo, COPARMEX menciona que proyectos emblemáticos del Gobierno Federal, como el Tren Maya Tramo 5 Norte, la Ampliación de la línea 1 del Tren Suburbano Lechería-Jaltocán-AIFA en Tultitlán, Edoméx, y la Central Turbogas González Ortega en Mexicali, Baja California, obtuvieron respuesta en 36, 55 y 49 días respectivamente. En contraste, proyectos privados en Chihuahua, Sinaloa y Baja California Sur acumulan hasta mil 364 días sin resolutivo.
COPARMEX reconoce la importancia de contar con mecanismos de atención y prevención de potenciales daños ambientales; sin embargo, considera fundamental que los proyectos que cumplen con los requerimientos establecidos por la ley puedan desarrollarse de manera oportuna para minimizar las afectaciones en sectores clave como el turístico, el minero y el inmobiliario, donde los informes preventivos y las MIA particulares y regionales implican periodos que van en promedio de los 52 a los 366 días.
En este sentido, COPARMEX propone el Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI) como la hoja de ruta para que México alcance no solo un desarrollo económico y social, sino que además sea sostenible. Por lo tanto, instan a las autoridades a conducirse conforme a lo que establece la normatividad vigente para procurar el cuidado del medio ambiente e impulsar la inversión que genera empleos y mejora la calidad de vida. Todo esto en pos del bienestar de miles de comunidades en nuestro país.
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