Hoy se cumple el centésimo primer día en el que el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no ha podido llevar a cabo sus sesiones. Según Blanca Lilia Ibarra, comisionada del Instituto, actualmente hay 6,958 recursos «atorados» a la espera de ser resueltos.
Será el próximo jueves cuando el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine el futuro de esta situación.
Mientras tanto, este lunes, diversas organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil han publicado un comunicado en el que hacen un llamado a los ministros de la SCJN para que voten en contra del proyecto de sentencia propuesto por la ministra Ortiz, argumentando que este va en contra del «derecho humano a saber».
En dicho comunicado, 125 organizaciones y 485 miembros de la sociedad civil exigieron a los ministros de la SCJN no apoyar el proyecto de sentencia de la ministra Loretta Ortiz, debido a que consideran que representa un retroceso democrático y vulnera los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
Enfatizaron que, de aprobarse este proyecto, el INAI se vería imposibilitado de ejercer plenamente sus facultades y competencias, las cuales incluyen expedir y vigilar el cumplimiento de legislaciones sobre transparencia, derecho a la información y datos personales, así como resolver los recursos de revisión presentados por personas ante negativas de información y presentar acciones en contra de leyes que vulneren los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Todas estas funciones son fundamentales para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía.
Además, las organizaciones y miembros de la sociedad civil señalaron que el retraso en los nombramientos por parte del Senado se suma a una serie de estrategias de opacidad que, según ellos, han sido promovidas desde el gobierno federal.
«El contexto es grave, pues se registran múltiples estrategias de opacidad que limitan conocer el funcionamiento cotidiano del gobierno. El debilitamiento deliberado de un instituto central para eliminar la cultura del secreto del quehacer gubernamental tiene repercusiones directas en la vida de las personas. Cada minuto se toman decisiones que limitan el bienestar del pueblo, como negar y ocultar información que nos permitiría saber cómo se ejercen los recursos públicos que todas y todos pagamos o decisiones que nos afectan como sociedad», argumentaron en el comunicado difundido horas antes de la sesión pública del pleno de la SCJN.
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