La senadora de la República por Baja California, Nancy Sánchez Arredondo, ha presentado ante la Comisión Permanente una iniciativa que busca reformar y complementar diversos ordenamientos con el fin de crear el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales.
En México, los casos de delincuencia sexual representan graves consecuencias tanto para las víctimas como para la sociedad en general. Según informes, en enero de 2023 se registraron mil 799 reportes de ataques sexuales, lo que representa un aumento del 21 por ciento en comparación con diciembre de 2022, cuando se reportaron mil 480 casos.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en 2021 cerca de cinco millones de mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia sexual en México. Asimismo, otra encuesta realizada en 2022 señala que el 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años o más en México han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida.
Ante esta problemática, la senadora Nancy Sánchez Arredondo sostiene que un registro público de delincuentes sexuales, como el que se propone crear, podría brindar a las mujeres y sus familias la oportunidad de tomar decisiones más informadas sobre su propia seguridad.
La legisladora argumenta que dicho registro permitiría a las mujeres y sus familias verificar si en su localidad, estado o municipio existen personas que han sido condenadas por algún delito sexual. Esto ayudaría a reducir el riesgo de convertirse en víctimas de delitos sexuales y les permitiría elegir las áreas más seguras para vivir y desarrollarse.
Además, un registro de esta naturaleza podría servir como una herramienta disuasoria para los delincuentes sexuales, ya que sabrían que sus nombres estarán disponibles en un registro público y que su historial delictivo estará accesible para las autoridades y el público en general.
La senadora Nancy Sánchez resalta la importancia de que esta herramienta cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos y las leyes nacionales aplicables, a fin de evitar la estigmatización y discriminación de las personas registradas, y garantizar su derecho a la privacidad y protección de datos personales.
En relación a este tema, la legisladora menciona el caso reciente del Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado que dicho registro sea de carácter privado y solo tenga acceso las distintas instituciones y autoridades mexicanas encargadas de perseguir este delito.
La senadora también destaca que este tipo de registros y acciones se han implementado en beneficio de la seguridad y protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y que es una estrategia que se ha desarrollado y debatido durante más de 30 años en distintos países.
El objetivo principal de establecer registros nacionales es reducir al mínimo cualquier acto o atentado de carácter sexual contra cualquier persona, identificar posibles zonas seguras y contar con información actualizada sobre aquellos que han sido condenados por actos de esta naturaleza.
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