La Sala Regional Especializada ha determinado, por votación unánime, que la gobernadora Layda Sansores, dirigentes de Morena en Campeche y más de 20 influencers han cometido Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Esta determinación se dio como resultado de la denuncia interpuesta por la Diputada Federal por Sinaloa, Paloma Sánchez Ramos.
Con base en esta falta, la Sala ha ordenado que todos los implicados sean inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Además, se ha dispuesto dar vista al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, debido a que se considera que la gobernadora Sansores ha cometido una falta grave que podría inhabilitarla para ejercer cargos en el servicio público.
Asimismo, tanto la gobernadora como los influencers involucrados en el linchamiento mediático contra la diputada del PRI, serán objeto de sanciones económicas que podrían alcanzar hasta los 200 UMA para cada uno de ellos. Además, se les ha ordenado ofrecer una disculpa pública y asistir a cursos de rehabilitación.
En este sentido, la Magistrada Gabriela Villafuerte ha condenado enérgicamente las conductas de los influencers y la gobernadora de Campeche, a quienes ha señalado por tener «un absoluto desconocimiento acerca de la Violencia Política contra las Mujeres».
Por su parte, el Magistrado Luis Espíndola ha asegurado que «estas resoluciones deben servirnos como espacios para reeducarnos y entender que las prácticas normalizadas utilizadas en el pasado no están en línea con la protección de las mujeres y su derecho a vivir una vida libre de violencia. Debemos unirnos en favor de las mujeres».
Este caso de Violencia Política en Razón de Género es el más grande denunciado hasta el momento, y con esta resolución, Layda Sansores se convertiría en la primera gobernadora en ser declarada culpable de cometer dicha conducta. Esto representa un paso importante hacia la justicia para las mujeres víctimas de violencia en nuestro país.
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