La Fiscalía General de la República (FGR) anuncia que procederá penalmente contra el comisionado del Instituto Nacional de Migración (Inami), Francisco Garduño, por la tragedia que dejó 40 migrantes muertos en la fronteriza Ciudad Juárez. La dependencia acusa a Garduño y a Antonio “N” de haber incurrido en presuntas conductas delictivas al no cumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, lo que propició los delitos cometidos en contra de los migrantes.
Aunque la Fiscalía no ha aclarado qué delitos procederá contra Garduño, la noticia ha sorprendido debido a la ambigüedad del comunicado. La dependencia tampoco informó si ha obtenido una orden de detención o presentación del juez y, al ser preguntados al respecto, los portavoces dijeron que no tenían más información al respecto.
La tragedia de Juárez, el incendio que acabó con la vida de 40 migrantes y dejó otros tantos heridos, condensó las críticas que el Inami y su director han recibido estos años. Desde mediados de 2019, cuando asumió el cargo, el Inami abandonó toda intención reformista y se dedicó a contener, perseguir y detener migrantes en respuesta a las amenazas que venían del otro lado de la frontera, con Donald Trump en el sillón presidencial.
Aunque el responsable del Inami se mantiene en el puesto, su caída parece segura, más ahora con el anuncio de la Fiscalía. El sacerdote Alejandro Solalinde, que durante años ha gestionado un albergue para migrantes en Oaxaca, se ha reunido al menos dos veces con López Obrador para hablar de lo ocurrido. En varias entrevistas, Solalinde ha dicho que el Inami va a desaparecer y que Garduño no continuará en su puesto. De momento, López Obrador no se ha pronunciado al respecto.
Además, la Fiscalía informó que también procederá contra el delegado del Inami en Chihuahua, el marino retirado Salvador González. Hace semana y media, un abogado presentó una denuncia contra él por presuntamente ordenar a sus subordinados que no abrieran la celda donde estaban encerrados los migrantes durante el incendio.
La dependencia se refirió también a la empresa de seguridad privada que trabajaba en la estación migratoria, señalando que ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios. Asimismo, se evidenció que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados.
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