El hermano del presidente de México, Pío López Obrador, ha obtenido un fallo a su favor por parte del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, el cual ha ordenado que un juzgado de distrito admita su amparo. Este recurso legal busca que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe la investigación sobre las personas que difundieron un video en el que se le ve recibiendo dinero del exjefe de la Coordinación Nacional de Protección Civil, David León Romero.
El juez encargado del despacho del juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal había desechado la demanda de garantías de Pío López, pero los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal han declarado fundado el recurso de queja interpuesto por el hermano del presidente López Obrador.
Pío López ha argumentado que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) emitió “decisiones carentes de fundamentación y motivación” y que ha incumplido con su obligación constitucional de investigar en tiempo y forma. También ha señalado que el hecho de que la fiscalía haya determinado el no ejercicio de la acción penal en su contra, ni contra David León, no es motivo para sostener que la investigación haya concluido, ya que la indagatoria en la que denunció a diversas personas no se ha determinado.
Según el expediente judicial, Pío López presentó una denuncia de hechos contra diversas personas por la difusión del video el 2 de octubre de 2020. El 26 de octubre de 2022, su asesor jurídico presentó un escrito en la FISEL solicitando que se realizaran diligencias o peritajes en relación a la denuncia. Sin embargo, el Ministerio Público dio respuesta a la solicitud de manera negativa el 7 de diciembre de 2022, argumentando que la investigación había concluido debido a que en otra carpeta ya se había dictado el no ejercicio de la acción penal.
El Tribunal Colegiado ha señalado que la dilación que reclama Pío López impediría que el órgano ministerial despliegue su facultad investigadora contra la persona que denunció. Con esta decisión, se espera que la FGR continúe con la investigación de las personas que difundieron el video.
“En consecuencia, el motivo de improcedencia invocado por la autoridad de amparo no es manifiesto ni indudable, para estar en condiciones de desechar la demanda desde el primer acuerdo que se dicta en esa instancia constitucional, como lo hizo”, señaló el Tribunal, el cual revocó la decisión de primera instancia.
En su denuncia, Pío López demandó que se castigue con 12 años de cárcel a los responsables de difundir “comunicaciones privadas” con David León Romero.
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