La Cámara de Diputados aprobó este martes la Ley General de Operación de los Registros Civiles con 311 votos a favor de Morena, PRI, Partido Verde y PT; 131 en contra del PAN y 17 abstenciones por el PRD. La medida otorga a la Secretaría de Gobernación la potestad de controlar la información personal de los ciudadanos mexicanos, incluyendo la biométrica: características únicas como huellas dactilares, iris, retina, forma del rostro o voz. La norma ha generado polémica, alertando a algunas organizaciones de la oposición y de la sociedad civil que desconfían de la concentración de estos datos en un solo cuerpo, argumentando que podría vulnerar el derecho a la privacidad.
La votación de la Cámara, que deberá ser aprobada por el Senado, prevé la creación de un nuevo órgano, el Consejo Nacional del Registro Civil, que dependerá de la Secretaría de Gobernación. El nuevo instituto integrará todos los registros civiles del país (32, uno por cada entidad federativa) y tendrá el monopolio virtual de la biometría y otros datos personales básicos como nombre, apellido, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y CURP (Clave Única de Registro de Población).
La Secretaría de Gobernación, presidido por el morenista Adán Augusto López, defendió que la ley “es un nuevo paso en la transformación del país”. “Es necesario mencionar que esta nueva legislación tiene como objetivo garantizar el derecho a la identidad de las personas y el acceso a los servicios que proporciona el Registro Civil; así como a los documentos y constancias en los que conste su identidad jurídica; además de establecer los mecanismos para garantizar el derecho de toda persona mexicana a ser registrada después de su nacimiento. A la par, se determinan las normas, bases y principios que armonicen y homologuen la organización, funcionamiento y procedimientos de los Registros Civiles en el territorio nacional, y en el exterior”, asegura la entidad en un comunicado.
Sin embargo, los detractores ven esta ley como una amenaza al derecho de las personas a la privacidad y los datos personales. Según el diputado panista Marco Humberto Aguilar, supone una incursión del Gobierno Federal en la jurisdicción que corresponde a las administraciones de cada Estado. Según Aguilar, la medida se opone a dos artículos de la constitución, el 4 y el 73. Otra diputada del mismo partido, María Elena Pérez Jaen, propuso una moción para suspender la norma, que fue rechazada, y urgió a revisar el dictamen por el riesgo que supone para la vulneración de datos de la población.
Los datos biométricos son información sensible utilizada, por ejemplo, por bancos u hospitales para proteger a sus usuarios y prevenir el robo de identidad o el fraude en documentos oficiales. La ley aprobada por la Cámara no especifica qué datos específicos conservará la Secretaría, cómo se archivarán o cómo será posible acceder a ellos y protegerlos.
Pablo Amílcar Sandoval, diputado por Morena, también propuso una reserva aceptada consistente en “medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de datos personales, especialmente los biométricos, a fin de evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado”.
No es la primera vez que el debate sobre la sensibilidad de los datos biométricos llega a la política mexicana. Reacciones similares suscitó el proyecto de registro nacional de usuarios de teléfonos celulares, aprobado por el Senado en abril de 2021 y declarado inconstitucional por la Corte Suprema del país un año después. Por ello, se planteó la creación de una base de datos de información de los usuarios de teléfonos móviles, incluida la biométrica, lo que el PAN calificó de “un atentado contra la privacidad de las personas” y violación de los derechos humanos.
La Secretaría de la Gobernación tendrá ahora la capacidad de emitir actas de nacimiento, matrimonio, defunción, adopción y cualquier trámite relacionado con la identidad. También se crea el Sistema Nacional de Registro e Identidad, una nueva herramienta informática que facilitará la realización de estos procesos. El comunicado de la entidad especifica también que en el nuevo sistema se incluirán también “a los sujetos que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y de toda clase de diversidad, quienes podrán acceder a los servicios que ofrezca el Registro Civil sin obstáculos, sin barreras fronterizas, sin burocracia y sin requisitos innecesarios como la apostilla o la legalización”.
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