El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido este miércoles luego de que el Congreso de su país lo destituyera por anunciar la disolución de esta cámara y el establecimiento de un «gobierno de excepción».
Los eventos se precipitaron después de que el mandatario hiciera el inesperado anuncio en cadena nacional -que fue calificado de «golpe de Estado» por representantes de todo el espectro político- a pocas horas de una sesión del Congreso en la que debía votarse una moción de vacancia en su contra.
Tras el anuncio de Castillo, el Congreso finalmente declaró la vacancia del presidente por «incapacidad moral» por 101 votos a favor, es decir, su destitución, y decretó que la vicepresidenta Dina Boluarte asumiría la presidencia.
Según medios locales, Castillo se presentó entonces ante la sede de la Policía Nacional del Perú (PNP), donde fue detenido.
La PNP confirmó en su cuenta de Twitter que Castillo estaba bajo custodia.
«Dando cumplimiento a nuestras facultades y atribuciones descritas en el art. 5 de D.L n.° 1267 Ley la Policía Nacional del Perú, efectivos PNP intervienen al expresidente Pedro Castillo», informó la institución en un tuit que luego fue borrado.
Posteriormente, Dina Boluarte fue juramentada como la primera mujer en el Perú como nueva Presidenta de la República.
En su primer mensaje a la nación, rechazó el «intento de golpe de Estado» de Castillo, del que dijo «no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle».
«Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida por todas y por todos», aseguró.
«Nos corresponde conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de dialogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso».
Boluarte ha anunciado que su primera acción será iniciar una lucha contra la corrupción en las instituciones del Estado, para lo que ha pedido el apoyo de la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría para «ingresar sin medias tintas a las instituciones corrompidas».
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuiteó: «Consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el sui géneris precepto de ‘incapacidad moral'».
El canciller Marcelo Ebrard dijo que México podría conseguirlo. «Tenemos una política favorable al asilo, si lo pide no debiéramos oponerlo, pero no lo ha hecho», señaló a la prensa.
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