El paquete económico del próximo año fue presentado al Congreso de México. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde en forma amplia la declaratoria de la Ley Federal de Derechos de 2023, que prevé ingresos por MXN$57,193 millones para el gobierno federal.
Con 268 votos a favor, 214 en contra y una abstención, fue aprobado en lo general y en lo particular de los artículos no reservados el dictamen de la Ley de Derechos, por lo que los diputados continúan con la discusión de las reservas.
Los diputados presentaron 85 reservas al dictamen sobre la ley de derechos y se espera que hasta 54 oradores se abran paso en el plenario específicamente para el debate.
La declaración fue respaldada por Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), mientras que los partidos opositores Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y Revolución Democrática (PRD) votaron en contra.
La Ley Federal de Derechos contiene principalmente el cobro de derechos para el uso, goce, ejercicio o explotación de los bienes del dominio público y para la prestación de los servicios públicos.
La diputada de Morena, Ana Elizabeth Ayala, fundamentó el dictamen de Ley de Derechos de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y dijo que, con relación a la Ley vigente, el dictamen presenta un total de 40 modificaciones, 24 reformas, 10 adiciones y seis derogaciones a 35 artículos, mismos que fueron propuestos por el Ejecutivo federal.
Los cambios incluyen el no pago de derechos al tratarse de poblaciones y comunidades indígenas y afroamericanas que hagan valer derechos de propiedad colectiva sobre su patrimonio cultural en la construcción y uso de aeródromos de servicios comunitarios o por los servicios, permisos de explotación de reproducciones en materia de monumentos y zonas históricas y artísticas, entre otros.
También se actualiza el cobro de derecho por el uso de espectro radioeléctrico, ya que establece como referente para el cobro la capacidad de transmisión de datos con base en canales telefónicos y las tecnologías de telecomunicaciones que son digitales.
En este sentido el dictamen propone establecer un nuevo esquema de cobro, en el cual se considere la cantidad de espectro considerado o asignado, lo que permitirá una debida proporcionalidad en el cobro con respecto a la cantidad de espectro utilizado y con ello incentivar al mismo tiempo su uso eficiente acorde a la evolución tecnológica.
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