Mediante un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó a las y los legisladores federales «para que no aprueben la Reforma Constitucional en materia Eléctrica tal como fue presentada», y pidió «que en la discusión sean escuchen las voces de los ciudadanos, tomen en cuenta las opiniones de todos los sectores y voten por lo que México necesita, privilegiando las razones técnicas y económicas, así como el bienestar de todos los mexicanos».
En el desplegado, la Cámara empresarial reiteró «el llamado a nuestros representantes en San Lázaro, para que eviten dañar al país y a las familias con una reforma sin consenso y sin haber atendido los comentarios a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución vertidos en más de 150 horas en el Parlamento Abierto».
«La Reforma Constitucional no debe ser aprobada tal como fue presentada, ya que destruye el Mercado Eléctrico Nacional (MEN) y afecta a toda la cadena de valor del sector energético al eliminar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), y al invertir el despacho eléctrico privilegiando a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de las más limpias y baratas», remarca la Confederación
Asimismo, enfatizó que la Reforma Eléctrica «no debe ser aprobada tal cual fue presentada porque permitiría que solo CFE pueda comprar y vender energía al precio que ella decida. Es decir, en la práctica, la reforma crea un monopolio, desplaza al sector privado en beneficio único de la CFE»
Lo anterior, «debido a que los privados que hoy compiten para generar energía sólo podrían venderla al precio y cantidad que ésta decida comprar, lo cual terminaría con la competencia en nuestro país».
En este sentido, la Coparmex también refrendó su preocupación por la cancelación de los permisos y contratos de generación vigentes y pendientes de resolución por la CRE, lo que consideró violatorio de lo previsto por la Ley de Procedimiento 2 Administrativo para cancelación de permisos otorgados por la autoridad. De darse la reforma, cancelaría todos los contratos entre privados o entre privados y CFE».
Recordó que otros de los efectos negativos previstos «serían el incremento de por lo menos el 17 por ciento para las tarifas domésticas y de por lo menos 150 por ciento para las empresas»; además de que generaría un boquete en las finanzas públicas.
Asimismo, recordó que en los foros de parlamento abierto que se llevaron a cabo en torno a esta materia, propusieron que la energía eléctrica debe ser «para todos los mexicanos a precios accesibles y competitivos, que se impulse y fortalezca a la CFE, que se avance hacia la transición energética y se respete el Estado de Derecho».
Consideró que la inversión de la iniciativa privada debe complementar la inversión pública, que se creen o modifiquen leyes secundarias necesarias para todos los participantes y que se privilegie la competencia equitativa, como los ocho puntos fundamentales que México necesita en materia eléctrica.
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