La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero se declaró incapaz de manejar la denuncia presentada por el fotoperiodista José Luis de la Cruz, quien afirmó haber sido amenazado por elementos militares que actuaban como escoltas de la fiscal general del estado, quien presentó el caso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. .
El fotoperiodista asistió al acto cívico organizado por el gobierno del estado el pasado 22 de marzo para conmemorar el natalicio de Benito Juárez; al lugar también asistió la fiscal general del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, custodiada por miembros de las fuerzas especiales del ejército conocidas como Boinas Verdes, algunos armados con fusiles de asalto con lanzagranadas integrado.
La notoriedad de los soldados atrajo al fotógrafo, que se acercó a fotografiarlos y estos elementos intentaron impedir que los fotografiara amenazándolo verbalmente, acto que De la Cruz presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, organismo federal que optó por transferirlo formalmente a la CNDH.
De acuerdo con el oficio número 204/2022, fechado el 24 de marzo, la CDHEG traslado el Expediente VG/1/019/2022-1, a la oficina foránea de la CNDH que está a cargo de Micaela Cabañas Ayala.
La incompetencia de la agencia estatal se debe a que las Fuerzas Armadas mexicanas son consideradas una fuerza federal; aunque se encontraran apoyando a una autoridad, su accionar sigue siendo federal y por lo tanto la CNDH debe documentar la agresión e indicar el procedimiento adecuado para la agresión. .
José Luis de la Cruz no permite que siga el proceso de queja hasta donde se pueda llegar pues se trata de no permitir que las autoridades sigan vulnerando los derechos que como ciudadanos tenemos más allá que como periodistas, pues las fotografías que se trabajaron se hicieron en un sitio público y se fotografió a un servidor público, para lo que no hay ninguna restricción legal que impida tomarles fotografías.
Para concluir, el periodista manifestó que, lamentablemente, este tipo de agresiones contra periodistas han sido minimizadas por el gobierno de López Obrador y por ello no le da importancia a los delitos cometidos por periodistas, que ya se han registrado este año 8.
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