Organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares, encabezados por Amnistía Internacional, solicitaron este miércoles a la Asamblea General de la ONU la creación de un «mecanismo extraordinario» para atender la crisis de desapariciones en México, la cual contabiliza más de 135 mil personas no localizadas y 72 mil restos sin identificar.
A través de un documento remitido a las embajadas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las agrupaciones civiles urgieron a los Estados miembros a fijar los pasos a seguir tras la activación del artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada, medida inédita aplicada para dar seguimiento urgente a la situación en el país.
Capacidad institucional e impunidad
Los grupos firmantes destacaron la necesidad de contar con apoyo internacional para reforzar las tareas de búsqueda, la identificación forense y el acceso a la justicia, advirtiendo que la dimensión de la problemática supera las capacidades del Estado mexicano y mantiene un índice de impunidad del 99 %.
Para concretar la propuesta ante la Tercera Comisión de la ONU, la sociedad civil sugirió designar a una persona o grupo experto independiente que elabore un plan de acción urgente en coordinación con las autoridades mexicanas, las representaciones de víctimas y los organismos internacionales.
Postura del gobierno federal y estrategia diplomática
Ante la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) sobre posibles crímenes de lesa humanidad, las autoridades mexicanas, mediante la Cancillería y la Secretaría de Gobernación, han rechazado los señalamientos de la ONU, sosteniendo que no existen elementos para catalogar las desapariciones como una práctica generalizada o sistemática en el territorio nacional.
Frente a esta postura, los colectivos apelaron al principio del «Deber de proteger» de la comunidad internacional y exhortaron a los gobiernos aliados a entablar un diálogo constructivo con el Estado mexicano para que la iniciativa se perciba como un mecanismo de cooperación técnica y no como un reclamo político.
Como parte de las acciones para el 81º período de sesiones de la Asamblea General, las familias de las víctimas realizarán reuniones con diplomáticos en Nueva York y foros paralelos con la meta de promover la adopción de una resolución formal antes de que concluya el año.
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