La fiscalización de la Cuenta Pública 2025 presentada en noviembre de 2026 por la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) expuso observaciones por sobrecostos en alimentos y movimientos financieros vinculados al DIF estatal, en medio de señalamientos que alcanzan a Mariana Rodríguez Cantú, titular honoraria de la oficina Amar a Nuevo León.
De acuerdo con el informe entregado los días 17 y 18 de noviembre de 2026 ante el Congreso de Nuevo León por el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Alejandro Reynoso Gil, el organismo asistencial pagó hasta 300 pesos por kilo de chayote frente a un precio de referencia de entre 18 y 20 pesos en el mercado mayorista local.
El reporte también asentó sobrecostos en otros productos básicos facturados al DIF estatal, como aguacate a 250 pesos por kilo (frente a unos 39 pesos de referencia), tomate a 200 pesos (frente a unos 39 a 47 pesos) y cebolla a 180 pesos, mientras Reynoso señaló que el mismo proveedor vendía el kilo de chayote en cerca de 30 pesos a otros clientes.
Pagos, transferencias y obras observadas
La revisión de la Cuenta Pública 2025 documentó pagos por 1,953 millones de pesos del DIF Nuevo León a una empresa proveedora de alimentos que dispersó recursos entre cinco firmas relacionadas, de las cuales salieron 23.3 millones de pesos en ocho días hacia Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho fundado por el gobernador Samuel García y su padre.
La auditoría también señaló pagos por 3.15 millones de pesos en la nómina del DIF a personas que laboraban en empresas privadas, operaciones relacionadas con una firma de cosméticos vinculada a familiares de Rodríguez, contratos de obra en el Centro Capullos y el Centro Fabriles con una desarrolladora que facturó ropa infantil, y 786 transferencias por 1,696.6 millones de pesos desde proveedores estatales hacia ese despacho.
Alcance de los señalamientos y respuestas
Aunque durante la exposición no se nombró directamente a Rodríguez como responsable y los reportes ubican las coincidencias y expedientes bajo investigación, diputadas de oposición exhibieron pancartas en el Congreso local por el costo del chayote y pidieron procesos administrativos y denuncias penales si no se aclaran las observaciones.
Por su parte, la coordinadora de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Sandra Pámanes, calificó la auditoría como ociosa y partidista, mientras el gobernador García rechazó desvíos o corrupción, atribuyó el tema a fines electorales rumbo a 2027 y sostuvo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya revisaron sin hallar irregularidades.
En el conjunto de la Cuenta Pública 2025, el gobierno estatal y organismos autónomos acumularon 59,533.1 millones de pesos pendientes de solventar —incluidos 420.6 millones de pesos en medicamentos oncológicos del ISSSTELEÓN y la UANL y 537.4 millones de pesos de Codefront—, observaciones preliminares sujetas a solventación antes de eventuales denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
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