El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezó la presentación del informe de seguridad pública estatal, donde anunció que la entidad alcanzó el tercer lugar nacional en el ranking de desempeño correspondiente a septiembre de 2026. Durante el reporte, el mandatario afirmó que en las intervenciones operativas prevalece el estricto apego al marco de legalidad, los derechos humanos y el debido proceso.
En el informe de incidencia delictiva del periodo enero-septiembre de 2026, la titular de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó una tendencia descendente en 15 delitos en comparación con el mismo lapso de 2025. Entre las reducciones reportadas destacan el homicidio doloso con una baja del 26.7 por ciento, el feminicidio con 47.3 por ciento, el secuestro con 33.3 por ciento y la extorsión con 30.4 por ciento.
Respecto al indicador de homicidio doloso, la fiscalía detalló que septiembre de 2026 registró 32 víctimas, lo que representa la cifra mensual más baja contabilizada para ese mes en los registros comparativos de los años 2024, 2025 y 2026 dentro de la entidad.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, expuso que del 1 al 10 de octubre las corporaciones estatales y federales ejecutaron 281 acciones operativas. Dichos despliegues deriven en la detención de 122 personas, la recuperación de 91 vehículos con reporte de robo, el aseguramiento de 15 armas de fuego, así como el decomiso de 21 mil 510 litros de hidrocarburo y 11 mil 105 litros de gas LP.
La dependencia detalló que las labores de inteligencia y coordinación interinstitucional articuladas entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional permitieron la captura de más de 150 objetivos prioritarios en la región, entre los que figuran presuntos generadores de violencia identificados como Roberto N., alias «El Bukanas», y Juan N., alias «El Moco».
En el ámbito procesal y de procuración de justicia, de los 122 detenidos en los primeros diez días de octubre, 74 personas quedaron a disposición del Ministerio Público del fuero común, seis fueron remitidas al fuero federal y 32 puestas a disposición ante el juez calificador.
Finalmente, Armenta Mier argumentó que la estrategia institucional prioriza la contención de riesgos operativos para proteger las garantías individuales de la población civil y evitar que grupos delictivos utilicen a personas vulnerables como escudos humanos. El ejecutivo estatal puntualizó que las investigaciones por presuntas irregularidades administrativas o de servidores públicos se conducen bajo la garantía constitucional de presunción de inocencia.
Más información
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.