La Cámara de Diputados aprobó un dictamen de reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor que podría propiciar la remoción preventiva de contenidos en entornos digitales y vulnerar la libertad de expresión, alertó la diputada federal Noemí Luna, al señalar que el marco sancionador previsto obligará a las plataformas a actuar como filtros previos.
El proyecto avalado por el Pleno modifica el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies del citado ordenamiento legal, con el objetivo de tipificar la responsabilidad secundaria de los proveedores de servicios de internet frente a eventuales infracciones en materia de propiedad intelectual.
Las disposiciones establecen esquemas punitivos que incluyen multas que van de las 5 mil a las 40 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La legisladora advirtió que la cuantía de estas sanciones económicas genera incentivos para que las empresas de telecomunicaciones retiren publicaciones de manera unilateral antes de que exista una resolución judicial.
De acuerdo con el posicionamiento de la vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN, esta dinámica impactará de forma directa en la difusión de análisis políticos, sátiras, caricaturas, parodias y memes, al quedar su permanencia supeditada al criterio inhibitorio de las corporaciones proveedoras para evitar litigios millonarios.
Asimismo, la regulación habilita la cancelación del servicio a usuarios catalogados como reincidentes, medida que, según el diagnóstico presentado en San Lázaro, contraviene las garantías de acceso a las tecnologías de la información y comunicación estipuladas en el marco constitucional.
Respecto a la justificación del Ejecutivo federal sobre la armonización normativa exigida en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se denunció que el oficialismo empleó el compromiso comercial para introducir controles administrativos ambiguos que debilitan la deliberación pública y el ejercicio del periodismo.
La legisladora hizo un llamado formal al Senado de la República para que, en su calidad de cámara revisora, frene la minuta o rectifique el texto a fin de incorporar salvaguardas que protejan el derecho a la información y eviten la instauración de mecanismos indirectos de censura en la red.
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