El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados impulsó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el párrafo décimo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La propuesta, presentada en tribuna por el diputado federal Christian Castro Bello, busca prohibir formalmente que las administraciones federal, estatales y municipales utilicen colores, imágenes, logotipos o símbolos vinculados a partidos políticos en la comunicación social, infraestructura, vehículos y programas del Estado.
El proyecto de modificación constitucional establece la obligación de mantener la neutralidad institucional en la propaganda oficial, así como en los bienes y servicios públicos, extendiendo este principio a la labor gubernamental cotidiana y no limitándolo exclusivamente a la vigencia de los procesos electorales. De acuerdo con el planteamiento, la imagen institucional de las dependencias debe corresponder a la identidad permanente del Estado y no a la promoción coyuntural de la fuerza política en el gobierno.
Durante la exposición de motivos, Castro Bello argumentó que la infraestructura y las acciones de gobierno son financiadas con recursos de los contribuyentes, por lo que su entrega debe concebirse como el ejercicio de un derecho ciudadano y no como una concesión de carácter partidista. El legislador tricolor enfatizó que la neutralidad visual en el ejercicio del gasto público contribuye a evitar la apropiación personalizada o del grupo en el poder sobre las funciones institucionales.
La iniciativa contempla excepciones técnicas para el uso de códigos cromáticos y señalización universal cuando responda a criterios funcionales estandarizados. En ese sentido, la norma mantendría la vigencia de colores específicos aplicados exclusivamente en materia de protección civil, seguridad pública, vialidad, transporte e higiene, con el propósito de no alterar los protocolos de prevención y atención a la población.
Alcance de la reforma e imparcialidad permanente
El dictamen remitido a las comisiones correspondientes plantea que la restricción abarque la totalidad de la propaganda gubernamental bajo cualquier modalidad de comunicación social, previniendo que los presupuestos destinados a la difusión institucional sean empleados de manera indirecta para el posicionamiento de marcas partidarias o identidades visuales de gestión.
La bancada del PRI sostuvo que la adición al texto constitucional fortalecerá el principio de imparcialidad consagrado en la Carta Magna, al tiempo que fijará un límite normativo claro contra la alteración periódica de la imagen urbana e institucional que genera costos adicionales a las haciendas públicas con cada cambio de administración local o federal.
Más información
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.